La semana anterior el Presidente sentenció que no está dispuesto a tolerar que funcionarios de todas las escalas cometan acciones ilícitas; mientras que hace pocos días el Ministro de Finanzas anunció que su prioridad para el año próximo es la aprobación de leyes de transparencia.

Después de leer ambas informaciones me quedé meditabundo, procurando ordenar mis ideas por cuanto que si el propósito del mandatario es evitar que persistan los trinquetes y robos disfrazados en compras y negocios realizados mediante argucias para no cumplir con leyes vigentes, no veo la razón por qué esperar una semana, un mes o inicios del año fiscal para promover demandas en contra de altos y medianos mandos tildados públicamente de corruptos.

No logro comprender las razones que se mecen en el regazo presidencial para no iniciar la tarea que se ha impuesto investigando al director de Fonapaz, el chaqueterazo ese que intentó bautizar con el nombre de “Casas Baldetti” a las viviendas construidas para entregar a un pequeño grupo de damnificados por el terremoto en San Marcos, y quien ha sido señalado de irregularidades en millonarias compras que ha realizado al amparo del Estado de Calamidad.
  
También ignoro las causas por las que el titular de la cartera del Tesoro tiene qué esperar que los diputados aprueben las iniciativas de ley a que se refiere el ministro Centeno, cuando tengan un su tiempito -dadas sus múltiples ocupaciones dedicadas a recolectar recursos monetarios destinados a satisfacer sus  necesidades personales y familiares-, para evitar que persistan perniciosas transferencias presupuestarias interinstitucionales, que a mediados de noviembre ascendían a cerca de Q13 mil millones, oscurecidas por la sombra de la corrupción.
 
Si el ciudadano Presidente está empeñado en que todos los negocios del Estado se realicen en el marco de la más cristalina transparencia, podría ordenar que se investiguen y esclarezcan los gastos en que han incurrido diferentes ministerios de Estado por el monto global superior a los Q7 millones, por conceptos de alimentación, hospedaje, celebraciones y otras actividades.
  
Para darle más sabor al caldo, presumo que el propio titular de Finanzas autorizó que se contratara al hotel Biltmore para que organizara un festejo cuyo costo (¿o inversión?) fue de Q33 mil, a los que se agregan Q41 mil a la misma empresa hotelera, de parte de la SAT, y otros Q40 mil más, para costear agasajos al personal que presta sus servicios en esas instituciones del Estado, así como  gastos similares en los ministerios de Economía y de Gobernación en  actividades que, se supone, pudieron haberse realizado en sus propias instalaciones, en aras de la transparencia presidencial.
  
Otro negocio, éste de mayor cuantía, se refiere a las obras que se adjudicaron al entusiasta empresario Juan de Dios Orozco Arriola, que consiste en 13 proyectos, por el monto de Q12 millones, seis de los cuales autorizados por las municipalidades de San Pedro Sacatepéquez y San Marcos después del terremoto de 7 de noviembre.
 
Casualmente el constructor es hermano del diputado que preside  la Comisión de Descentralización y Desarrollo, del Honorable, y si se escogieron las empresas del habilidoso empresario es porque extrañamente no se presentaron otras ofertas.
   Son pocas ramas de un corrupto arbusto.
   (Muy ufano, un ministro de Estado le comenta al periodista Romualdo Tishudo: -Aquí en mi Cartera se eliminó la corrupción -¿Cómo lo logró?, pregunta mi colega. El funcionario repone: -Ya nos acabamos toda la plata).