Uno de los pilares de la impunidad en países con escaso respeto a la Ley es la manipulación del sistema de justicia por los poderes ocultos que mantienen secuestrada la legalidad mediante el control de jueces y magistrados que se prestan a operar en beneficio de esos oscuros sectores de influencia nacional. La independencia de poderes, fundamento de la República, tiene que operar para garantizar la aplicación cumplida de la ley en la administración de justicia, aunque es obvio que en muchos casos esa independencia de poderes se ha convertido en parapeto de la ilegalidad.

Los sucesos en Honduras demuestran, sin embargo, cómo hay interferencias entre poderes del Estado para condicionar el comportamiento de los juzgadores y en ese caso, como ocurrió en Guatemala en la década de los años cincuenta, se destituyó en forma anómala a inconstitucional a magistrados del máximo tribunal que resolvieron en contra de los intereses del gobierno. Imposible a la distancia juzgar y opinar sobre las razones que pudieron tener quienes fallaron contra los intereses del Ejecutivo, pero el manotazo demuestra hasta qué punto la justicia se encuentra bajo acoso, sea del poder formal como en este caso, o de los poderes fácticos como generalmente sucede.
 
 A lo largo de este año hubo en Guatemala una intensa movilización de funcionarios del Ejecutivo y de diputados del oficialismo y sus aliados para impulsar como Presidente de la Corte Suprema de Justicia a un magistrado que ha gozado del favor y del respaldo de muy altos funcionarios y se quiso utilizar la circunstancia de que el magistrado Luis Arturo Archila cumpliría 75 años de edad como elemento de chantaje para asegurar que el más inepto de todo los magistrados fuera electo. Afortunadamente Archila no cedió a la maniobra que hubiera comprometido el prestigio institucional de la Corte y, seguro de su situación, se mantuvo firme a la hora de elegir magistrados y de esa suerte Gabriel Medrano Valenzuela terminó siendo designado para presidir la Corte durante este año.
 
 No creemos que las presiones hayan sido únicamente resultado de cuestiones de amiguismo o compadrazgo, sino que en esos casos, cuando se juegan los más altos poderes, generalmente hay más de fondo en lo que se pretende lograr, sobre todo cuando se trata de ejercer perversas influencias y realizar malsanos chantajes hacia los integrantes del más alto tribunal de justicia, sin siquiera el recato del daño que se puede causar con intromisiones que resultan del todo repudiables.
 
 El ejemplo de Honduras, país que nuevamente vive una crisis institucional por el acoso a la justicia, nos debe servir para poner barbas en remojo y repudiar cualquier práctica de intromisión.
 

Minutero:
El cambio en la Fiscalía
causa satisfacción
aunque falta todavía
que ataque tanta corrupción