Luego de la resolución de la Corte de Constitucionalidad que declaró inconstitucional la forma en que se creó la llamada Secretaría de Transparencia que funcionaba bajo la coordinación de la Vicepresidenta de la República, el Gobierno ha dicho que modificará el procedimiento para darle vida perfectamente legal a esa dependencia porque luchar contra la corrupción es uno de los compromisos y mandatos de este régimen.

La verdad es que no se nota por ningún lado que los hechos den sustento al discurso sobre transparencia, puesto que al contrario, toda la gestión pública se ve empañada por la corrupción. No es únicamente en el Congreso donde se compran leyes y se venden votos, sino que en cualquiera de las dependencias públicas se recurre a artimañas para adjudicar contratos o para comprar a los compadres hablados, aquellos que desde la campaña se aseguraron el derecho de piso para ser los beneficiarios de cualquier decisión discrecional de las autoridades.
 
 No digamos el ejemplo que les dio a todos sus funcionarios el mismo Presidente de la República con la actitud que adoptó frente a las concretas denuncias realizadas sobre el mañoso negocio de Puerto Quetzal que él avaló de manera rotunda, pese a las evidencias contundentes de que se trata de un megatrinquete.
 
 No hay día en que no se hable de un nuevo escándalo, sea por compras realizadas, por obras mal hechas, por privilegios para los financistas, mordidas a los diputados, manejo oscuro de los recursos públicos por la vía de los fideicomisos, asignación de recursos para las ONG que hasta la inútil Contraloría de Cuentas detectó como corrupta. Aparte se mantiene el manejo del presupuesto mediante transferencias que van sumando en este año 12 mil millones de quetzales, en procedimientos que el mismo PP le criticó sobradamente a Álvaro Colom por considerar que ese desorden fiscal alienta la corrupción.
 
 Ni un dedo mueve el Gobierno para eliminar los fideicomisos mediante los cuales se privatizaron los dineros del Estado para evitar los mecanismos de fiscalización.
 
 Por todo ello sostenemos que el discurso del Gobierno sobre la transparencia es del diente al labio porque en el fondo no hay ninguna política para combatir la corrupción. Por el contrario, sí sigue siendo cierto aquello de que al entendido le bastan las señas, las que ha dado el Presidente de la República a sus subalternos han sido terribles. Ignoren las críticas de la prensa, aguanten el chaparrón revistiéndose de cuero, para consumar el trinquete tal y como se había previsto. Eso sí, busquen abogados que les den apariencia legal como hizo él con Puerto Quetzal. Si proceden así, ninguna secretaría ni ninguna autoridad va a molestarlos.

Minutero:
Nunca habrá transparencia 
sin castigos contundentes;   
a cualquier acto de indecencia 
hay que pelarle los dientes