Que mi frágil memoria recuerde, no ha habido jamás durante el tiempo que yo tengo conciencia de la actividad política y cívica de Guatemala, ningún candidato a cargo de elección popular, tanto aspirantes a la Presidencia de la República como pretendientes a la última concejalía de la corporación edilicia del más olvidado, insignificante y marginado municipio del país, que hayan obtenido más del 95 % de los votos de quienes participaron en justas electorales.

Ni siquiera el ilustre pedagogo doctor Juan José Arévalo ni el progresista militar Jacobo Árbenz Guzmán, lograron tan altísimos porcentajes en las elecciones presidenciales en las que vencieron holgadamente a sus adversarios.
  
Traigo a cuento esos dos párrafos a propósito del repudio a las empresas transnacionales de parte de todas las comunidades en las que ya se realizan explotaciones mineras a cielo abierto, o pretenden ejecutar proyectos similares, y donde se han celebrado consultas populares, como el caso de Mataquescuintla, Jalapa, cuyo resultado fue del 98 % en contra de la compañía San Rafael, contando con la supervisión del Tribunal Supremo Electoral y la Procuraduría de los Derechos Humanos y el apoyo de la municipalidad local. Semejantes rechazos se han registrado en otras localidades.
  
A mediados de esta semana, líderes y representantes de alrededor de cien comunidades rurales de San Marcos denunciaron en el Ministerio Público a la empresa Montana Exploradora de Guatemala (¡¿?!), instalada en San Miguel Ixtahuacán, por la comisión de delitos contra la colectividad y las consecuencias perniciosas que provoca la Mmina Marlin, que incluye contaminación de las fuentes de agua, propagación de enfermedades a personas, plantas y animales y usurpación de propiedades.
 
Las denuncias están debidamente documentadas, con estudios e investigaciones médicas sobre enfermedades causadas por altos niveles de plomo y arsénico, erupciones y salpullidos en la piel y testimonios de decenas de pobladores enfermos.
  
En esta caso particularmente afrentoso, la compañía minera ha reaccionado como era de esperarse, negando las puntualizadas denuncias de los afectados y  en su defensa acude al fácil expediente de los análisis e indagaciones que ha efectuado nada menos que el Ministerio de Energía y Minas, que favorecen a la firma canadiense, como si los guatemaltecos no estuviéramos enterados de la forma cómo manejan los negocios de las mineras en esa cartera ministerial, algo parecido a los informes que presentan las empresas constructoras de carreteras, puentes y otras obras contratadas por el Estado, en el sentido de que las supervisiones y las conclusiones corren a cargo de ingenieros asalariados de esas mismas empresas contratadas bajo el manto de la corrupción.
  
Esa compañía también se ampara en otros estudios avalados por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, que se ha dedicado con ahínco y desde su creación a favorecer gratuitamente a las transnacionales mineras, de manera que sus informes y análisis son tan verídicos y auténticos como billetes de Q300,  por no hablar de millonadas de dólares que apestan a sobornos.
 
Pero allí está en última instancia la Corte de Constitucionalidad, que probablemente ofrecerá su desinteresado respaldo a la minera Montana, así como suspendió el reglamento que respalda las consultas populares.
 
(Al encararse con un empresario minero, el ambientalista Romualdo Tishudo cita a Mahatma Gandhi: El hombre no posee  el poder de crear vida; por lo consiguiente, tampoco posee el derecho de destruirla).