La música se detiene, las luces se encienden y se cierra la barra. A la una de la madrugada el bartender sentencia: “No más guaro, que ya todo se acabó”, mientras que la mayoría de jóvenes sale del pub y busca taxis para regresar a casa. Pero la fiesta no termina ahí y se extiende hasta las cuatro de la mañana o “hasta que el cuerpo aguante”, ya que en Guatemala los clubes nocturnos, discotecas y expendios de licor pueden operar sin que alguna institución gubernamental supervise si cuenta o no con las medidas de seguridad mínimas o sí cumplen con las disposiciones que establece la Ley.

Pasada una hora de la medianoche,  la Policía vigila afuera cómo las personas salen lentamente del bar y todo parece estar en orden, aunque adentro, el humo de los cigarros todavía se conjugará por varias horas más con las cervezas y la música a volumen bajo, en un ambiente de luz tenue. La fiesta sigue, pero ahora de forma “privada”.

Esto ocurre en uno de los lugares más frecuentados de la zona 1, muy popular debido a la música en vivo que se presenta los fines de semana y al ambiente relajado y liberal; es un centro de confluencia para músicos,  bohemios  y adultos jóvenes que se sienten atraídos por las opciones de entretención.

“Me gusta porque podés fumar lo que te gusta y no tenés que darle explicaciones a nadie”, dice una joven que asegura frecuentar ese bar, que como muchos en el área buscan llenar el vacío en la oferta de diversión que deja la restricción al expendio de alcohol después de la 1:00 a.m.

Se les conoce como bares o centros culturales, o más popularmente como “after” –en referencia al término afterparty–, y funcionan de manera ilegal en la mayoría de zonas de la Capital y centros urbanos del país.

Otros lugares, por ejemplo, funcionan dentro de los horarios permitidos por la Ley, pero carecen de medidas de prevención ante los inminentes riesgos que implica la vida nocturna en un país con altos índices de violencia y sin cultura de la prevención ante emergencias.

Luis Pedro Gómez, un joven que frecuenta las discotecas de la zona 10 capitalina, relata que en los bares se convive con toda “clase de gente”, y el consumo de alcohol y drogas ilícitas es visto como algo normal.

Gómez  asegura que hay momentos en estos lugares que se “corre mucho peligro, pues no se conoce quiénes se encuentran adentro y tampoco se sabe cuáles son sus intenciones”. “Es peligroso que gente que está dentro de un lugar supuestamente seguro, te quiera asaltar y encima de  todo no sabés si andan armados o si hasta están en contacto con la gente de las discos”, advierte.

El temor no se aleja de la realidad y no es aislado, pues son varios los hechos de violencia en los clubes nocturnos, discotecas y expendios de licor que ejemplifican esta situación. (Lea: “Encontraron la muerte”)

Se cuestiona su funcionamiento, principalmente, porque permiten el consumo de drogas y en algunos casos funcionan a horas prohibidas, pero existen otras implicaciones igual de serias, como la falta de medidas de seguridad y la ausencia de planes para reaccionar ante emergencias.

La analista Verónica Godoy, directora  de la instancia de Monitoreo y Apoyo a la Seguridad Publica, comprende que esos lugares son potenciales focos de conflictos, pues carecen de control sobre quienes los frecuentan y el ingreso de ilícitos y armas.

Un aspecto de especial preocupación es la permisividad con el ingreso de menores de edad y la venta de bebidas alcohólicas adulteradas, que representan riesgos que muchas veces pasan desapercibidos para los consumidores. Además, carecen salidas de emergencia, extinguidores y no toman en cuenta que los locales tienen límites para atender a cierto número de visitantes.

SIN CONTROL
Se intentó conocer con el Ministerio de Gobernación las reglas que rigen el funcionamiento de discotecas, bares, expendios de licor y centros nocturnos, pero no se obtuvo respuesta, pues el Departamento de Comunicación de dicha cartera indicó que la entidad responsable del tema es la  gobernación departamental de cada localidad.

Sin embargo, al consultar a Gobernación Departamental, se informó que esa instancia no tiene injerencia en el tema; la competencia es de una “multisectorial”, que está conformada por varias instituciones de Gobierno, y la encargada de emitir los permisos para que funcionen estos lugares es la Municipalidad, indicaron.

Luis Alfonso Palma Espinoza, gobernador departamental de Guatemala, indicó que anteriormente la autorización para que funcionaran los centros nocturnos la concedía Gobernación Departamental,  pero ahora son las municipalidades de cada localidad las encargadas de este tema.

Palma indica que es a través de una instancia “multisectorial” donde Gobernación “brinda su apoyo” al realizar operativos para verificar si estos establecimientos cumplen con los requisitos mínimos de operación, pero aclara que la verificación de las medidas de seguridad es responsabilidad de la Municipalidad.

Mientras, en la Municipalidad de Guatemala se indicó que la responsabilidad de la comuna se limita a emitir los permisos para el funcionamiento de los “establecimientos de abiertos al público”; sin embargo, para que estos sean otorgados, deberán tener el aval de otras instancias, aunque se aclaró que no son los encargados de velar por las condiciones de seguridad de estos establecimientos.

Carlos Sandoval, vocero de la Municipalidad capitalina, explicó que garantizar la seguridad interna “corresponde directamente a cada establecimiento”, es decir, que el propietario del negocio es quien tiene que tener  a su cargo los controles de seguridad, puesto que son requisitos y lineamientos  que deben de cumplir para que se le pueda otorgar la licencia de parte de la Dirección General de Control Territorial.

Al ser denunciado un establecimiento que no cuenta con los permisos correspondientes será el juez municipal quien determine el cierre o la sanción correspondiente.

TAREA COMPLICADA
Sandoval dijo que los resultados de los operativos que hasta ahora se realizaron han sido positivos en ciertos aspectos, como el cierre de algunos negocios que se encuentran operando sin autorización y detrás de fachadas.

 “Uno de los casos registrados ha sido un negocio que por la mañana operaba como carwash, pero por las noches era utilizado como bar-discoteca y afectaba a los vecinos”, señaló.

No obstante, el portavoz señaló que aún es muy difícil saber cuántos negocios de este tipo funcionan y mucho menos conocer si operan clandestinamente, pues muchas veces ni los propios vecinos se dan cuenta que estos existen porque son muy sigilosos para operar.

Godoy, por su parte, manifiesta que el deber de la multisectorial no se debe limitar únicamente en realizar operativos, sino trabajar en medidas de prevención, pues  “el problema de Guatemala es que no existe la cultura” para anticiparse a las tragedias.

La experta advierte que se debe trabajar en las medidas preventivas en diferentes aspectos, desde la iluminación, hasta establecer controles rigurosos para evitar el ingreso de personas con armas de fuego, o no servir bebidas alcohólicas a menores de edad. Esto debe estar a cargo de instituciones estatales, aclara.

Asegura además que los negocios que operan en la clandestinidad pueden ser descubiertos por medio de inteligencia y operativos; “en el caso de los negocios que se encuentran en la clandestinidad están fueran de la ley, el problema en muchos casos es que estos negocios se amparan en la corrupción, entonces eso les permite operar perfectamente y no solamente el caso de la Policía sino también de otras instancias que de alguna manera les dan cierta protección”, puntualizó Godoy.

*Con información de Éder Juárez