ICEFI y Acción Ciudadana manifestaron su profunda preocupación por la crisis en la que se encuentra la institucionalidad por la transparencia, ya que la desaparición de la Secretaría de Control y Transparencia y la supresión del Viceministerio de Transparencia Fiscal y Evaluación del Ministerio de Finanzas deja a Guatemala sin la institucionalidad responsable de las acciones en materia de transparencia y combate a la corrupción.

Ricardo Barrientos del ICEFI indicó que la inefectividad de las acciones gubernamentales para avanzar en una agenda mínima para la transparencia están a la vista, la falta de resultados y la efectividad de estos esfuerzos son preocupantes.

Barrientos dijo que el actual Gobierno desde los inicios de su gestión empezó con la decisión de concentrar la institucionalidad estatal por la transparencia; tomando la acción de desmantelar el viceministerio de Transparencia y Evaluación, desconectando varios esfuerzos para concentrarlos y centralizarlos en la Secretaría de Control y Transparencia que se encontraba adscrita y bajo la coordinación de la Vicepresidencia.

De tal manera que Guatemala se encuentra en una situación grave de la institucionalidad por la transparencia.

Por su parte, Manfredo Marroquín de Acción Ciudadana, dijo que este es un error recurrente que han tenido todas las administraciones en materia de política de transparencia, pidió que se convoque a un pacto por la transparencia que no incluya solo a las autoridades, ya que “seguir con la misma lógica es condenar al país a seguir siendo mal calificado y alejándolo más de la inversión extranjera y que se consolide como un lugar donde reine la impunidad, sobre todo para los actos de corrupción”.

Propusieron la creación de un ente estatal responsable de una política de transparencia y combate a la corrupción con visión de Estado y no solo de Gobierno con autoridad sobre todas las entidades del Ejecutivo, centrales, autónomas y descentralizadas.

Además indicaron que la nueva institucionalidad deberá contar con facultades amplias que verifiquen el cumplimiento y sanción por violaciones a la Ley de Acceso a la Información Pública, así como el control interno, coordinación de las unidades de auditoría interna existentes y sanciones administrativas.

En particular, deberá garantizar la auditoría social y apertura irrestricta de toda entidad de gobierno al escrutinio público.