Ya sabemos que nuestra Contraloría de Cuentas no sirve para un carajo, pero aun así no pudo evitar darse cuenta de los malos manejos de 41 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que tuvieron a su cargo nada más y nada menos que 464 millones de quetzales cuya ejecución fue tan escandalosa que hasta despertó las sospechas de los contralores, esos mismos funcionarios que con la construcción de la Gobernación de San Marcos no detectaron el mamarracho de obra que se puso en evidencia con el terremoto reciente.

Si la Contraloría se pudo dar cuenta de esos manejos, con todo y sus terribles deficiencias estructurales que no son fruto de la casualidad sino de la causalidad, porque la causa está precisamente en que así conviene a las estructuras corruptas del poder, obviamente el problema es de mucha mayor envergadura porque todos saben que en Guatemala funcionan a la par los pícaros descarados que no se preocupan ni por guardar apariencias, con los más sofisticados empresarios que borran huellas, que realizan los trinquetes con aroma de negocio lícito porque se han esmerado en encontrar vericuetos en las leyes y procedimientos.
 
 En realidad todos los guatemaltecos sabemos, además, que la corrupción drena los recursos nacionales y se ha convertido en la razón de ser del Estado y en el incentivo social que caracteriza a nuestro país. Aquella idea de que el Estado de Guatemala se conforma para garantizar la vida, la seguridad y el bienestar de sus habitantes y promover el bien común es pura paja, porque el Estado nuestro se organizó y funciona para que los políticos y sus financistas puedan robarse todo lo habido y por haber en el menor tiempo posible. Ese es, sin lugar a dudas el “Leitmotiv” de la República y los hechos corroboran plenamente esa aseveración.
 
 Algunas ONG no escapan al radar de la Contraloría de Cuentas por la forma burda en que operan, pero obviamente en esa lista que la Contralora entregó ayer a la diputada Montenegro no están todos los pícaros que hacen lo que se les da la gana con los recursos públicos. Lejos de figurar están las más “prestigiosas” firmas constructoras que saben cómo se hacen las cosas y hasta tienen el poder de colocar a sus representantes legales en puestos de gobierno para que les cuiden sus intereses. En comparación, lo que se clavan es mucho más del promedio de diez millones por ONG que reporta el informe de la Contraloría.
 Pero al final de cuentas no es culpa únicamente de los ladrones y de sus cómplices. Nada hace tanto daño como la sostenida indiferencia de los buenos, resignados ya a que les roben hasta la camisa.

Minutero:
Si hasta la Contraloría 
detectó a esa millonaria pandilla 
¿cuánto más queda en misterio 
en contratos de un ministerio?