“Aléjese de los palacios el que quiera ser justo. La virtud y el poder no se hermanan bien”. Marco Lucano

En Guatemala, como en muchos países, el poder de los medios de comunicación va más allá de la información y formación de la sociedad. Acá se desinforma constantemente, con el objetivo de satisfacer intereses personales o de grupo, siempre de poder, prueba de ello es el caso de los 18 jueces acusados por la CICIG por diferentes delitos.

Llama poderosamente la atención el de la jueza Galicia; a mí en lo personal me dio un sentimiento de frustración, cuando la vi en los medios dándole la mano al tipo acusado de haber participado en la  muerte de Rosenberg. Esta jueza, señores, hacía que su judicatura funcionara al servicio total de Carlos Castresana y todos los “funcionarios” nacionales e internacionales que se aliaron a él, pero no solamente fue a lo interno del juzgado: los juicios que en su judicatura se litigaban, llenaban páginas completas de periódicos, entre noticias, entrevistas y columnas de opinión, ensalzando al individuo que después resultó un verdadero fiasco, un farsante, y en su país un don nadie; sin embargo, aquí en Guatemala, poco faltó para que le entregaran un caballo como los que utilizan el Presidente y su Vicepresidenta para que él, cual moderno Pedro de Alvarado, matara a todos los Tecún Umán del país. Con el tiempo nadie lo menciona. Sería sano que a la distancia se analizara si hizo más daño la jueza Galicia que los columnistas, reporteros, editores y dueños de medios de comunicación que hicieron de este mediocre abogado el salvador de Guatemala. El tiempo siempre da las respuestas correctas, y no hay mejor amigo –ni peor enemigo– que él, prueba de ello es la acusación de la CICIG contra 18 jueces, que son pocos comparados con la corrupción que existe en  el Sistema Judicial, porque objetivamente son muchos más los jueces a quienes se les deben contar las costillas y analizar sus resoluciones por varios motivos, especialmente por su falta de ética y moral.

De los casos mencionados, muchos se han litigado más por medio de la prensa que en los propios tribunales; lo más macondiano es que la prensa escrita, televisiva y radiofónica se ha arrogado las funciones de fiscales, jueces y parte acusadora, y con su largo dedo acusatorio ha determinado quién es culpable,  inocente y héroe, actitud que ha motivado a las masas a juzgar y condenar, sin saber nada de Derecho.
Escribo lo anterior, no solamente por lo que  viví; pero, paradójicamente, uno de los jueces acusados hoy fue el juez de mi caso, aunque probablemente lo más importante, para mí que creí todo terminado, estriba en que se encuentra acusado por mi caso, sin que yo hiciera absolutamente nada; esa situación me inhibe a expresar, por ningún medio, lo que sé, pienso y poseo en relación al mismo, ya que eso debe ser dilucidado ante los tribunales. Lo anterior no significa que no exija, no solamente a la CICIG sino que a la Corte Suprema de Justicia, la evaluación objetiva del accionar de los jueces, y el tiempo que tardan los procesos. En mi caso, he sido abogada y víctima,  he vivido en carne propia la falta de Justicia en Guatemala, he conocido la corrupción en la mayoría de las instituciones en donde existe, que no son todas, aunque sí muy pocas las que podrían no estar infectadas; lo doloroso es que el propio sistema de justicia se encuentre contaminado, y que durante un largo periodo de tiempo haya respondido a intereses espurios, y lo que es peor, que lo siga haciendo.

Por lo anteriormente expuesto, siempre me opondré a jueces vitalicios, porque si ya la justicia se encuentra bastante corrompida con el sistema actual, tratándose de cargos de por vida no existiría la más mínima oportunidad de soñar tan siquiera con la misma. EL PROBLEMA NO SON LAS LEYES, EL PROBLEMA ES QUIENES LAS APLICAN.