El desarrollo urge en Guatemala, los ciudadanos no podemos seguir en una actitud pasiva viendo cómo nuestros hermanos la pasan muy mal, no sólo en el campo sino también en las ciudades. Para que en nuestro país pueda haber un desarrollo integral todos los sectores tenemos que estar involucrados cumpliendo con nuestro rol en la sociedad. Desde el Gobierno en su totalidad hasta el ciudadano en su día a día, pasando por empresarios, políticos, académicos y ciudadanos organizados.
En las últimas semanas ha sido noticia la exigencia de la aprobación de la iniciativa de ley 4084 llamada del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral que en sus considerandos parte de que el Estado como ente rector y promotor del desarrollo, es responsable de garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos, políticos, económicos, sociales y ambientales de las poblaciones rurales, para contribuir con su desarrollo sostenible.
Si bien esto último es muy cierto y es tarea pendiente del Gobierno, hay que recordar y siempre hacer énfasis de que el Estado es responsable de garantizar el pleno ejercicio de los derechos a todos los ciudadanos. Digo esto porque cuando se habla de derechos y el mismo Estado divide a la ciudadanía por su origen geográfico, étnico, religioso o de alguna otra forma, él mismo parte de una mala base en su intento para buscar el desarrollo. Los gobiernos pueden hacer divisiones cuando se trata de la planeación y ejecución de políticas públicas, mas no cuando se habla de derechos.
Varios análisis han mostrado falencias importantes que tiene la iniciativa 4084 en varios aspectos. Uno de ellos es aquel relativo a la seguridad alimentaria, pues no se entiende bien el concepto y quedan algunas dudas de cómo la redacción propuesta podría violar algunos puntos de convenios y tratados internacionales en materia de comercio, así como implicar desincentivos económicos para la inversión debido a posibles malas interpretaciones e incertidumbre jurídica.
Pero la incertidumbre jurídica no queda ahí, la redacción del artículo diez de la iniciativa genera dudas sobre el régimen de tenencia de la tierra. Muchos han dicho que son los empresarios los que no quieren ese artículo porque temen algún tipo de reforma agraria, pero el problema de fondo va más allá. El hecho de que exista incertidumbre en una cuestión tan básica como el derecho de propiedad afecta a absolutamente todos los guatemaltecos, hasta aquellos que hoy no tienen tierra y desean adquirirla.
La incertidumbre sobre la garantía de un derecho constitucional sin duda provoca consecuencias nefastas para todos los habitantes del país. La inversión, que es lo que puede generar el verdadero desarrollo rural, caería en aquellos lugares en donde ya existe y no llegaría jamás a aquellos rincones de nuestro país que la piden a gritos y en donde es una necesidad de vida o muerte.
Yo estoy convencido que el desarrollo integral no llegará a nuestra área rural a través de una ley. El desarrollo llegará a todo el país a través de una serie de acciones puntuales que tengan seguimiento durante varios gobiernos, comenzando por la certeza del cumplimiento de nuestras leyes y la garantía de sus derechos a todos los habitantes y ciudadanos del país. Esas políticas tienen que incluir incentivos a la inversión nacional y extranjera en todo nuestro territorio y no sólo en las áreas urbanas que son las que naturalmente reciben la inversión. La principal vía para lograr ese desarrollo es la certeza, en otras palabras, el Estado de Derecho