Está en Guatemala una misión comercial de España que viene acompañada del Secretario de Estado de Comercio de ese país, para explorar negocios locales y áreas en las que puedan invertir. Guatemala, por supuesto, necesita inversión extranjera que pueda apalancar nuestro desarrollo generando más empleo, pero por sobre todas las cosas hay que pretender una inversión que sea respetuosa de las reglas y de la inteligencia de los guatemaltecos.
Decimos lo anterior porque es buen momento para decirle al señor Jaime García Legaz que hay muy mal sabor de boca en nuestro país por la forma en que, bajo la mesa y haciendo aparecer como usufructo lo que es una concesión, una empresa española ha maniobrado para obtener un negocio que es, por lo menos, opaco en su negociación, realizado en una forma en la que es imposible establecer si realmente se pagó lo que había que pagar por una concesión de tantos años y si nuestro país está recibiendo lo que en justicia le corresponde.
Se trata de la empresa Terminal de Contenedores de Barcelona que se hizo con un usufructo para operar en Puerto Quetzal y lo logró sin que se hiciera ninguna convocatoria para un concurso público y, lo peor, usando esa figura jurídica para encubrir lo que realmente aquí y en España es una auténtica concesión. Si el día de mañana un gobierno apegado a derecho declara lesiva esa negociación, deberán saber las autoridades españolas que en Guatemala hubo mucha polémica y que el negocio se está concretando simplemente porque el Presidente de la República decidió ignorar todas las objeciones y se aferró al negocio con aquella actitud de quien dice: “Este macho es mi mula”.
No tenemos nada contra la inversión española que venga de manera respetuosa hacia nuestra legislación a invertir para obtener beneficios en el marco de la ley. Estamos en contra de que aún algunas empresas vengan como antaño, queriendo darnos espejos a cambio de nuestra riqueza y ese es precisamente el caso del negocio de Puerto Quetzal, en el que el olor a podredumbre es enorme, tanto que sin duda debe haber llegado primero a Barcelona y seguramente también a los despachos de Madrid.
Estamos seguros que el gobierno español promueve negocios transparentes, pero los mismos se ven empañados por ejemplos como el del negocio de Puerto Quetzal donde se han burlado de nuestra legislación, se han fabricado reglamentos para acomodarlos a las necesidades de la empresa española y de sus socios guatemaltecos, tanto como para que en el futuro se justifique plenamente la declaración de lesividad del negocio. Aprovechar la presencia del alto funcionario español para advertirles es oportuno.
Minutero:
Inversión bajo sobornos
que proviene desde lejos
es como darnos espejos
que no sirven ni de adorno