Aunque torpemente el Presidente de la Corte Suprema reste importancia a la investigación de la CICIG sobre el comportamiento de los jueces porque sólo son 18 entre casi mil operadores de justicia, la verdad es que poner en evidencia lo que todos sabemos sobre las deficiencias existentes en el sistema constituye un importante paso adelante para tratar de emprender un camino diferente para privilegiar el respeto y observancia de la ley en un país donde nadie puede negar que existen interferencias de todo calibre que conspiran a favor de la impunidad.

Corresponde al Ministerio Público evaluar la investigación realizada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad y actuar conforme a derecho. Hoy por la mañana, en una de sus raras apariciones públicas, el comisionado Francisco Dall´Anese Ruiz dijo una frase lapidaria al hablar sobre a quién le corresponde el reto de enderezar las cosas en el país. Dijo que es a los guatemaltecos a los que corresponde prestigiar sus instituciones y hacerlas funcionar, porque a la CICIG únicamente le toca apoyar en el esfuerzo pero que el reto final es nuestro. Y dijo que acusan a la Comisión de que se le cayó aquí el caso Giammattei porque los juzgados locales lo exoneraron de cualquier responsabilidad, pero resulta que los tres procesos que se siguen en Europa contra los otros sindicados con las mismas pruebas y evidencias siguen avanzando, lo que demuestra que en casos como el mencionado, es Guatemala la que no quiere enfrentar sus propios problemas.
 
 Nosotros publicamos un extenso reportaje sobre cómo es que desde que se inicia un proceso se cargan los dados gracias a la forma en que funciona el Centro Administrativo de Gestión Penal que es el encargado de “distribuir” todos los procesos entre los juzgados del país. Y como cada juzgado tiene ya asignada su Sala Jurisdiccional que ha de conocer en apelación cada uno de los casos, desde el momento en que se determina a cuál de los juzgados de instancia va un proceso, ya se sabe quiénes han de conocer las apelaciones y por lo tanto, desde ese momento está decidido prácticamente el proceso por las enormes redes de poder paralelo y oculto que funcionan en el sistema de justicia.
 
 Obviamente tiene que respetarse la presunción de inocencia de los jueces que aparecen hoy señalados no por errores en la administración de justicia, sino por delitos en el conocimiento de los casos que han llegado a su jurisdicción. Una cosa es un error o discrepancias en cuanto a la aplicación de la ley o la valoración de las pruebas, pero otra muy distinta es la comisión de delitos en el ejercicio de esa función jurisdiccional y precisamente eso es lo que se tiene que probar ahora mediante el debido proceso.
 
 Dije arriba que es miope la reacción del licenciado Gabriel Medrano porque el problema de la corrupción en la administración de justicia no se mide por el número de jueces señalados. Por el contrario, lo importante en todo esto es que por vez primera se somete a análisis la posibilidad de que haya prevaricato u otros delitos en la administración de la justicia y eso pone a prueba al sistema. Podríamos decir que ni son todos los que están, seguramente, pero tampoco están todos los que son y eso lo sabe Gabriel perfectamente.
 
 El esfuerzo de la sociedad tiene que ser por terminar con la impunidad y el camino para lograrlo es largo y tortuoso, además de traumático por fuerza. Pero tenemos que empezar a recorrerlo porque está demostrada la crisis institucional que ha dado lugar a tal nivel de desprestigio del sistema que cada quien trata de “hacerse justicia por propia mano”, sea linchando o contratando sicarios para que arreglen los problemas. Si la justicia funciona, no sólo se castigan esos hechos sino, además, se evitan porque todos confiaríamos en la majestad de la ley.