La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) denunció hoy a 18 jueces que dictan resoluciones para mantener el estado de impunidad en el país y pidió a la fiscalía levantar procesos penales en su contra.
Por ROMINA RUIZ-GOIRIENA
GUATEMALA / Agencia AP
Francisco Javier Dall’Anese, miembro de la CICIG, dijo que los 18 jueces dictaban resoluciones que favorecían a estructuras criminales y sus conexos.
«Cuando un juez favorece una estructura criminal o deja en libertad a una persona que debería esta presa se está favoreciendo la impunidad», señaló Dall’Anese.
Agregó que el informe había sido presentado a la fiscal general del Ministerio Público para su evaluación y que era su oficina la que debería iniciar los procesos penales y pedirle a la Corte Suprema de Justicia que le retire la inmunidad a los señalados.
«Nosotros estamos pidiendo que se abran causas penales y se dicten prisión para estos jueces. Si la fiscal general decide actuar la Corte Suprema de Justicia de proceso penal y reiterar inmunidad», dijo Dall’Anese.
Según la Comisión, la elaboración del reporte comenzó en junio de 2011 con la participación de analistas criminales y judiciales internacionales. Después de realizar una primera revisión, una consultora internacional adjudicó y ayudó a preparar el informe final.
Dall’Anese dijo que el informe de 95 páginas se basa en documentos públicos en los cuales se demuestra que los jueces cometieron actos de prevaricación al no resolver casos ni dictar sentencias de acuerdo con leyes nacionales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En cuanto a otras medidas de prueba, el comisionado dijo que por el momento no se habían utilizado porque esto violaría la actual inmunidad de los señalados.
Explicó que esta labor de investigación exhaustiva le corresponde al Ministerio Público, pero que a diferencia de otros informes, éste era la primera fase para poder levantar denuncias criminales en contra de los jueces.
La CICIG, creada por el secretario general de las Naciones Unidas en 2008, está conformada por investigadores de 25 países y coopera con la fiscalía en investigaciones de corrupción estatal y procesos judiciales en contra de ex mandatarios, así como casos de alto impacto en el país.
Según un informe presentado en marzo por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, aún existen índices preocupantes de inseguridad e impunidad en Guatemala debido a la «debilidad generalizada de las instituciones públicas y a la falta de una política estatal para el combate».
LOS SEÑALADOS
El informe señala directamente a los siguientes jueces:
- Mario Fernando Peralta Castañeda y Rossana Maribel Mena Guzmán, por haber sido captados por estructuras criminales.
- Julio Gerónimo Xitumul, Irma Leticia Valenzuela, Patricia Anabella Veras y Coralia Carmina Contreras por favorecer la impunidad.
- Carlos Antonio Aguilar, Silvia Coralia Morales, Artemio Tanchez, Héctor Echeverría, Fausto Corado Morán y Byron de la Cruz, por favorecer estructuras criminales que adversan la presencia de la Cicig en Guatemala.
- Dina Josefina Ochoa Escribá, Sergio Leonel Castro Romero, Silvia Violeta de León Santos, y Amílcar Enrique Colindres Hernández, por dictar fallos que han favorecido a personas vinculadas al poder corrupto a los jueces
- Y a Verónica Galicia Marroquín y José Eduardo Cojulún, por emitir resoluciones que han favorecido a un poder difuso.