No siempre los gobernantes entienden la idiosincrasia del funcionario y del servidor público en términos generales, pero hay que ver que en materia de honestidad o corrupción, es determinante el comportamiento de las principales figuras del Gobierno, puesto que si los subalternos ven la menor muestra de tolerancia y permisividad, se sirven con la cuchara grande y todo mundo empieza a hacer de las suyas. Así es siempre, por cuestión de la naturaleza humana, y el presidente Otto Pérez Molina, que tiene ya costumbre y conocimiento del poder por su experiencia junto a Ramiro de León Carpio, tendría que haber reparado en el asunto.

Porque cuando de manera pública y tan vehemente defendió el negocio de Puerto Quetzal, envió un mensaje fuerte y claro a todos los que forman parte del Gobierno. No importa si hay trinquete, siempre y cuando traten de hacerlo bien, de disfrazarlo y de hacerlo parecer como algo útil para el país y se busquen abogados que sepan encontrar en los vericuetos legales la justificación para disfrazar el desaguisado.
 
 Pérez Molina nunca mostró siquiera asomo de duda respecto al comportamiento de los funcionarios que él mismo puso en la Portuaria y pese a los argumentos tan contundentes de críticos del más variado origen, se aferró a la tesis leguleya que le presentó el interventor y lo defendió a capa y espada como si se tratara realmente de una acción transparente. El mensaje a los otros servidores públicos fue claro, en el sentido de que todo se puede hacer siempre y cuando se traten de cubrir las apariencias y se recurra a patrañas legales, como la de un usufructo sacado de la manga para esconder una concesión. Fue como cuando se hizo la maniobra de la creación de Telgua como una sociedad anónima capitalizada con los bienes extraídos de Guatel para evitar que el Congreso tuviera vela en el entierro de la privatización hecha con dedicatoria.
 
 Cuando un alto funcionario toma actitudes ejemplares contra la corrupción, cosa que aquí es aún inédita, todo mundo se cuida y se redoblan precauciones para no incurrir en la ira del mandatario. Si se diera el ejemplar caso de que algún allegado fuera a parar al bote por mordelón, seguramente que en ese período presidencial se reduciría marcadamente la corrupción porque a cualquiera le daría temor viendo los precedentes categóricos de quien predica con el ejemplo.
 
 En cambio, cuando un funcionario se amarra con algún pícaro y lo defiende a como dé lugar, aun a riesgo de terminar comprometido en el negocio, no sólo permite que se concrete el ilícito, sino que, además, alienta a empleados de todo nivel a entrarle sin pudor al juego de la corrupción porque se les está diciendo a todos cuáles son los requisitos para que un negocio pueda y deba ser avalado por los superiores.
 
 Más que las leyes de transparencia y contra la corrupción, lo que Guatemala necesita es una cabeza no sólo honesta sino decidida a sancionar a cualquier sinvergüenza que quiera enriquecerse con los dineros públicos o facilitando a particulares ventajas o negocios onerosos para el país y para sus habitantes. El día en que un Presidente destituya a un Ministro por largo y certifique lo conducente al Ministerio Público para que inicie el debido proceso, muchas cosas cambiarán en Guatemala y hasta la cacharpa inútil que es la Contraloría de Cuentas empezará a hacer su trabajo movida por el impulso ejemplar de un gobernante vertical, honesto y decidido a impulsar el gran cambio en la forma de administrar al país. Pérez Molina tuvo oportunidad de actuar con mano dura contra los pícaros, pero en vez de eso apapachó al primero que causó escándalo y envió la seña perniciosa a la administración.