El presidente Otto Pérez Molina demandó la ratificación del apoyo público a la ley de desarrollo rural integral, mediante el voto de los diputados en el Congreso de la República. En un mensaje dado a la nación, el mandatario reiteró su apoyo a esa ley, que considera fundamental para el desarrollo del país. El sector económico, por aparte, guarda su distancia.

“Lamentablemente”, se pronunció el Presidente, “no todos los que han declarado públicamente su apoyo a la ley lo han ratificado políticamente en el Congreso”, al tiempo que reiteró su apoyo “a la aprobación urgente” de la ley de Desarrollo Rural Integral y solicitó a la bancada oficial que la respalde, “porque aprobar esta ley significa un paso adelante para garantizar una Guatemala justa, digna e incluyente”.

Pérez Molina dijo a los guatemaltecos, anoche, mediante un mensaje televisado, que la ley de Desarrollo Rural Integral “es la base sobre la cual se puede levantar la economía campesina en nuestro país y asegurar la reducción sostenida de la pobreza entre las familias del campo”.

El mandatario considera que la aprobación de la ley y la implementación de la institucionalidad que enarbolaría, son de suma importancia para “lograr nuestro objetivo de acabar con la desnutrición infantil”, pero más ambicioso aún, el Jefe de Estado dijo que con ese instrumento, consecuentemente, la próxima generación de guatemaltecos lograría “su pleno desarrollo físico y educativo”.

Aunque Andrés Castillo, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), del cual es integrante la Cámara del Agro, férrea opositora al proyecto de ley, considera que la aprobación de un decreto para procurar el desarrollo del área rural sería atentar contra la certeza jurídica, el mandatario sostuvo en su mensaje que “la ley de ninguna manera atenta contra la propiedad privada”.

Según el Presidente de Guatemala, ocurre todo lo contrario, pues “las instituciones generadas a partir de la ley nos permitirán fortalecer la seguridad jurídica de todas las propiedades rurales”. El jefe del Ejecutivo consideró tajantemente que “sin la certeza jurídica de la propiedad es imposible asegurar el desarrollo económico en el campo”, porque ese tipo de certeza lo necesitan todos los productores del país: grandes, medianos, pequeños y hasta las cooperativas, aseguró.

CAUSARÍA MÁS DIVISIÓN
Si el desarrollo del país dependiera de la aprobación e implementación de la ley de Desarrollo Rural Integral, “el sector privado no tendría ningún argumento ni justificación para oponerse a la ley”, señaló Castillo. Pero lo que preocupa, dijo, “es que los asesores del Presidente, empezando por Adrián Zapata –comisionado para el Desarrollo Rural-, tienen una posición totalmente contraria a la que tiene el análisis del sector privado”.

“Es una ley que el país no necesita”, aseguró, y, que además, provocaría “más división” entre los guatemaltecos, “violando el principio de igualdad ante la ley” y duplicaría funciones del Estado que ya tienen varias entidades públicas, como los ministerios de Economía y Agricultura, la Junta Monetaria, etc., crea un nuevo ministerio, destacó, “como que si aquí los ministerios fueran la solución del problema”.

Castillo reconoció que las posiciones están encontradas y sostuvo que “lo más sensato, sería lograr un diálogo justificado con análisis técnicos”, para concluir, en primera instancia, si la ley es necesaria y de ser así, qué tipo de ley.