Hace algunas semanas el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), instaron a los países de la región a combatir la elevada pobreza infantil indígena. Según estos organismos, el 90% de los indígenas menores de 18 años no tienen garantizada, entre otras necesidades, la educación primaria, agua potable, vivienda digna y una adecuada alimentación.

Cuando se revisa el último Censo Poblacional,  aproximadamente el 40% de la población total de Guatemala se identificaban como indígenas o de origen maya.   Debe aclararse que en este dato puede existir un sesgo estadístico, puesto que a las personas censadas se les pregunta si se consideran indígenas o no indígenas, quedando a criterio de la población pertenecer a cierto grupo, aunque  no correspondan al grupo que indiquen.
    
     Otra cifra contundente, relacionada con la situación de pobreza de la población indígena guatemalteca, se obtuvo por medio de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI 2006), cuyos resultados mostraron que 8 de cada 10 indígenas son pobres. En otro sentido, solo 4 de cada 10 no indígenas viven en condiciones de pobreza, lo cual evidencia que estas limitantes afectan más a este grupo de nuestra sociedad. Pero al enfocarse en los datos de un grupo tan vulnerable como son los infantes, específicamente los niños indígenas guatemaltecos, es alarmante observar que, de cada 74 niños que trabajan, 66 son indígenas.  Esto confirma lo denunciado por UNICEF y CEPAL acerca de la precariedad que sufre este sector de la población.
    
     Seguramente estos niños tendrán el mismo futuro que padecen en la actualidad sus progenitores, puesto que, en 2011, en Guatemala, un trabajador indígena, tenía un ingreso del 23% por debajo del salario promedio nacional;  es decir, reciben un salario menor, tanto en el sector público como en el privado.
    
       Después de observar, la semana anterior, las críticas que lanzaron los sectores campesinos debido al recorte de Q211 millones que se hizo al programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional, me pregunto: ¿existe voluntad política, económica y social de impulsar verdaderas acciones para contrarrestar esta situación?
    
     En fin, la situación para las nuevas generaciones indígenas se proyecta muy incierta, en vista de que la desnutrición infantil ocasionará efectos irreversibles en la capacidad productiva de la futura población económicamente activa. Basta con recordar que el departamento de Totonicapán tiene la tasa de desnutrición infantil más elevada de América Latina, con un 82.2%, que, dicho sea de paso, la población indígena de este departamento representa el 98% de la totalidad de sus habitantes.
    
     El objetivo no es dividir a la sociedad, pero sí dar a conocer que en nuestro país están muy marcados los grupos que han sido marginados del desarrollo, mismos que, después de siglos, aún esperan que las “bondades” del crecimiento económico se traduzcan en oportunidades para ellos. Tampoco se debe esconder la situación mediante los argumentos, de que estos datos representan un discurso de “ricos – pobres”, “explotados – explotadores”, “conquistados – conquistadores”, entre otros calificativos que algunos otorgan a esta realidad, que es respaldada con evidentes estadísticas.
    
     En conclusión, no todo tiene que reducirse a una visión que incluya solamente la elevación de ingresos de la población afectada;  por el contrario, la integración de este grupo al desarrollo del país representa una labor más compleja, puesto que,  también deben incluirse los factores educación y salud. Sin embargo, en la actualidad, no se ejecuta ni se avizora la creación de un plan de nación; mismo que reduzca esas brechas, entre los que se han incorporado al desarrollo y los que seguirán esperando la oportunidad de abandonar ese tercer mundo en el que han estado sumergidos por siglos.