Diversos sectores vinculados directa o indirectamente con la administración de justicia, específicamente con la finalidad del Ministerio Público, coinciden en señalar que es una contradicción que siendo el MP el órgano encargado del ejercicio de la acción penal pública, al interior de la institución no esté en capacidad de resolver apelaciones de empleados a los cuales la autoridad superior aplicó sanciones disciplinarias, incluyendo 63 destituidos –que siguen cobrando sus sueldos– porque el Consejo del MP no está integrado totalmente.
El Consejo del Ministerio Público se ubica al margen de la estructura jerárquica de la institución, pero desempeña funciones de asesoría y control de las instrucciones y sanciones impartidas por la Fiscal General, misión esencial en el equilibrio de aquella estructura jerárquica. Está integrado por dos representantes elegidos en asamblea de agentes fiscales y dos que elige el Organismo Legislativo, además de la Jefa de ese importante ente estatal.
Grupos de la sociedad civil afines al sector justicia, analistas y otros actores de la colectividad señalan la urgencia de llenar ese vacío; mientras que el secretario privado de la Fiscal General, Javier Monterroso, admite que mientras el Consejo del MP no esté plenamente integrado no se puede avanzar en la depuración de la institución.
Esa irregularidad podría ser subsanada dentro de poco, porque la Comisión Postuladora para la elección del Fiscal General, que preside el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Gabriel Medrano, anunció que la presente semana se reunirá para revisar los expedientes de los abogados que participaron en el proceso de selección realizado en 2010, y luego planteará la terna al Congreso.
Por esas casualidades que depara la vida, el pasado sábado, después de participar en las votaciones para elegir a los miembros del Consejo Directivo del Instituto de Previsión Social del Periodista, me encontré en un modesto restaurante con el abogado Julio César Rivera Clavería, a quien no saludaba desde hace varios años. Aproveché la ocasión para preguntarle si efectivamente se postularía para integrar el Consejo del MP, sobre todo porque el titular de la CICIG, si bien es cierto no cuestionó la calidad técnica y moral del ex viceministro de Seguridad, vaciló respecto a su idoneidad para el cargo mencionado por su vínculo con el Ministerio de Gobernación en su calidad de inspector general.
Rivera Clavería advirtió tajantemente que no está buscando afanosamente la postulación, pero que tampoco la rechaza, y respecto a los comentarios del jefe de la CICIG explicó que carecen de sustentación por múltiples razones: No es funcionario público sino asesor; no está relacionado con la Policía Nacional Civil ni con otro órgano de seguridad del Estado; no ha sido cuentahabiente; no ha sido objeto de tacha alguna, y ética y profesionalmente está capacitado para desempeñar esas funciones, al margen de que la decisión final no es de él sino de la Comisión Postuladora y del Congreso.
(Un auxiliar fiscal le comenta a su amigo Romualdo Tishudo: –Tené confianza en las autoridades; pero desde lejos).