Las comunidades analizan los megaproyectos, se reúnen y votan a favor o en contra, pero pocas veces su voz tiene eco entre las autoridades. Aunque el Convenio 169 de la OIT ratificado por Guatemala las avala, la falta de un marco legal sigue manteniendo sus posturas en silencio.
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La inconformidad de los vecinos de San Rafael, Santa Rosa y Mataquescuintla (Jalapa) por las operaciones de la mina San Rafael volvió a poner sobre la palestra la discusión de las consultas populares. La falta de atención a las demandas de la población ha subido de tono, al punto que las autoridades temen que los explosivos sustraídos puedan ser utilizados para atentar contra la empresa.
El pasado 11 de noviembre, el 98 por ciento de la población de Mataquescuintla, Jalapa, rechazó la exploración y explotación minera en su municipio. Sin embargo, una acción legal ante la Corte de Constitucionalidad provocó que se quedara en suspenso el reglamento que permitió la consulta a los vecinos. Para algunos, esta situación evidencia el incumplimiento al Convenio 169 de la OIT y la necesidad de crear el marco legal que las haga vinculantes.
“Se han hecho más de 50 consultas populares y la población quiere que se respete su postura. Una ley debe ser modificada, para hacerlas vinculantes” señaló el diputado de URNG, Carlos Mejía.
Para el congresista, este marco legal es necesario, ya que existen acuerdos municipales que establecen que si el 10 por ciento de la población pide una consulta, debe realizarse. “Si participa más del 20 por ciento debe ser vinculante; las autoridades hacen eco de los grandes recursos económicos de las empresas, por lo que es necesario legislar sobre el tema”.
En el 2008, el ex constituyente Víctor Hugo Godoy publicó un artículo en este vespertino donde hacía un análisis de los hechos registrados en San Juan Sacatepéquez, donde la inconformidad a la minería cementera terminó con un estado de excepción. En esa ocasión estableció que la conflictividad de las comunidades frente al Estado iba a aumentar. Por lo que sugirió a título personal la aplicación del Convenio 169 de la OIT como mecanismo de solución.
“Considero personalmente que el Estado, los empresarios y las comunidades tienen una oportunidad en la aplicación del Convenio 169 como mecanismo que permita encontrar salida a los desencuentros si se conoce y comprende el porqué de esta nueva normativa y por qué los constituyentes (1984-85), los congresistas (1992-96) y los negociadores de la paz por medios políticos (1990-96) la consideraron necesaria para el Estado guatemalteco” reza el artículo.
QUÉ ESTABLECE EL CONVENIO
El espíritu de la consulta y la participación constituyen la piedra angular del Convenio sobre la cual se basan todas sus disposiciones. El Convenio exige que los pueblos indígenas y tribales sean consultados en relación con los temas que los afectan. También exige que estos pueblos puedan participar de manera informada, previa y libre en los procesos de desarrollo y de formulación de políticas que los afectan.
Pese a que Guatemala ratificó este Convenio, el país sigue sin crear un marco legal que permita a las consultas ser vinculantes. Recientemente, el Ministerio de Energía y minas entregó un proyecto de reformas a la Ley de Minería donde el tema no fue incluido.
Acusan a pobladores;
no presentan pruebas
Autoridades de gobierno temen que los explosivos sustraídos de vehículos de la empresa minera San Rafael, sean utilizados en contra de personas y de la propiedad privada, por considerar que quienes supuestamente los tendrían en su poder, no son personas pacíficas.
El lunes de esta semana, varios vehículos de la empresa minera fueron quemados, supuestamente, por pobladores que se oponen a las actividades extractivas en Jalapa. El hecho tuvo lugar en Mataquescuintla, pero antes, la carga de los automotores, que consistía en material explosivo, fue sustraída.
Las autoridades de gobierno califican de “muy preocupante” la situación, pues un total de 11 mil candelas de emulsión, material más potente que la dinamita y que resiste efectos del agua, estaría en manos de pobladores o sus líderes, aunque hasta el momento no se han presentado evidencias que fundamenten el señalamiento.
Mauricio López Bonilla, ministro de Gobernación, dijo que “no podemos darle la espalda (a esta situación)”, por lo que ya se tienen equipos de trabajo con la estructura de una Fuerza de Tarea, que ya se desplegó en el área con fuerzas especiales del Ejército y de la Policía, para buscar los artefactos.
El despliegue se debe a que los explosivos “no se pueden quedar en manos de personas particulares, mucho menos cuando han dado muestras de que no son pacíficos sino que sus acciones están en el marco de acciones en contra de la propiedad privada, de atentar contra la propiedad privada, de la seguridad de las personas, y eso podría ser utilizado de alguna manera en ese tipo de acciones”, aseveró el funcionario.
López Bonilla, dijo que la población que tenga el material en su poder, es preferible que informe dónde se encuentra a través de la iglesia, bomberos o Policía, porque quien sea sorprendido con los artefactos, puede ser acusado de terrorismo. Los líderes responsables de estos hechos ya estarían acusados.
El funcionario dijo que si el material detonara al mismo tiempo, podría afectar un poblado entero, por lo que agregó que “son un peligro para las personas y los poblados donde los tengan en este momento retenidos o guardados”.
Rechazan respuesta de seguridad
POR LUIS ARÉVALO
La Asociación de Mujeres Indígenas de Santa María Xalapan, informó, mediante un comunicado, que fueron testigos “del fuerte operativo policiaco realizado con el apoyo del Ejército”, en el que contabilizaron más de 35 autopatrullas de la Policía Nacional Civil y un camión con elementos castrenses en Mataquescuintla.
Según denuncian, el gobierno emprende acciones rápidas cuando se trata de este tipo de empresas, pero no cuando se trata de sus comunidades.
La Asociación informó que desde la mañana del jueves último, se llevó a cabo una serie de operativos en diversas viviendas de Mataquescuintla, Jalapa, aduciendo la búsqueda de los explosivos sustraídos de vehículos propiedad de la empresa San Rafael, teniendo un listado con órdenes de captura, pero en cuyos allanamientos no se encontró rastro del material.
A criterio de la agrupación social, la Minera San Rafael, filial de la empresa canadiense Tahoe Resources, cuyo proyecto extractivo es El Escobal, tendría vínculos con Goldcorp.
Esta última habría vendido sus derechos para extraer plata en el municipio de San Rafael, donde existiría un “gran yacimiento” de 315 millones de onzas del metal. La inversión sería de unos US$ 500 millones, para iniciar la producción en 2013. El Escobal, un proyecto de minería subterráneo, está situado en el Municipio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa.