La iniciativa lanzada por el Gobernante Pérez proponiendo reformas a la Constitución Política de la República, desató como era obvio una tormenta política y agitó una marea de reacciones adversando la pretensión del Gobernante.
Desde el momento en que se hizo público el anuncio sobre la reforma constitucional y el método para aprobarla, empezaron a surgir voces de rechazo y de resistencia ciudadana, desde opiniones de académicos y expertos constitucionalistas, hasta el bloque hegemónico de los empresarios nacionales, de las principales federaciones campesinas, de cooperativistas y de ciudadanía organizada,
Que expresaron un rotundo rechazo al proyecto de reformas a la Carta Magna promovido por el Jefe del Ejecutivo; no obstante el evidente repudio ciudadano generalizado, el Gobernante animado por sus oscuros asesores continuó insistiendo, todavía hace pocos días, urgió a la bancada oficial de diputados en el Congreso Nacional para que agilizaran sin dilación la aprobación del paquete de reformas.
Sin embargo, para sorpresa de algunos, esta misma semana el propio Gobernante Pérez cambió de opinión, retrocedió en sus intenciones, dando instrucciones para que los diputados oficialistas desistan de impulsar la iniciativa presidencial, alegando que los millones del dinero destinado para realizar la consulta popular que debía ratificar o rechazar las reformas ahora serán canalizados para priorizar los costos de la reconstrucción y los daños parcialmente cuantificados ocasionados por el terremoto ocurrido el 7 de noviembre. Esta reculada no significa retirar la iniciativa, solo suspenderla por el momento para ser retomada más tarde.
Así las cosas, conviene abundar en las razones que motivan el rechazo a la pretendida reforma constitucional, porque en el fondo de la propuesta oficial, tal como lo afirma el doctor Miguel Ángel Reyes, analista del Instituto para el Desarrollo Económico Social de América Central, IDESAC, hay “algunos gatos no muy encerrados”, por ejemplo, cito algunos de sus argumentos: “El proyecto presidencial no está orientado a resolver los problemas fundamentales del país, sino se ocupa de problemas secundarios que en su mayoría pueden resolverse con legislación ordinaria o con voluntad política para hacer cambios más pertinentes a las necesidades de la vida nacional con fundamento en la Constitución Política vigente. Estimamos que los problemas a resolver son otros y otro el método para decidir si se reforma o no la Constitución recordando que en el pueblo radica permanentemente la soberanía y el poder constituyente. Consideramos que los problemas fundamentales del país atañen a la cuestión social y nacional y no a la extraña modernización que declara la propuesta del Presidente, que esencialmente, tiende a centralizar y debilitar más al Estado y a su personal para cumplir sus funciones fundamentales. La propuesta complica procedimientos y favorece poderes económicos y militares”.
Más claro no canta el gallo, coincido con lo que dicen los expertos y estudiosos, la propuesta del Gobernante Pérez tiene como telón de fondo la intención de proteger y favorecer intereses económicos de grandes corporaciones y de los milicos, en otras palabras, la reforma constitucional tiende a proteger oscuras maniobras de los poderes fácticos tradicionales y conocidos.
Aquí les va otro argumento, cito: “La propuesta presidencial fue originalmente presentada de manera sorpresiva, poco profesional, ambigua y con numerosos artículos a reformar. El mandatario dice ahora haberla discutido con diversas representaciones sociales, pero asimismo afirma en forma excluyente que, incorporó a la misma solo aquellos puntos de vista que se consideraron “coherentes con el espíritu de esta iniciativa”.
Como vemos, estas y otras razones, son motivo para que diversos sectores y representaciones nacionales, objetemos la propuesta del Gobernante por su inconsistencia jurídica y social. Coincido también en que antes de cualquier reforma constitucional es prioritaria una reforma sustancial a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.