La Diócesis de Jalapa se encuentra preocupada por la creciente conflictividad social que la problemática minera está generando en todo el país, principalmente en los hechos violentos a nivel nacional y de una manera particular en los municipios de Mataquescuintla y San Rafael Las Flores.
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Monseñor Julio Cabrera Ovalle, Obispo de Jalapa, ante la conflictividad social que vive el país no son aceptables las acciones fuera de la verdad y de la ley que se han manifestado en actos intimidatorios, vandálicos y difamaciones, que criminalizan a las personas.
Cabrera hizo un llamado a todas las comunidades a “construir la paz, mantener la unidad y promover el diálogo, como caminos que garantizan la convivencia humana y la solución a la alta conflictividad social”.
Además, pidió al presidente Otto Pérez Molina a asumir un liderazgo efectivo en la defensa de los legítimos intereses de la población, en cuanto a la problemática minera. Así como a los operadores de justicia a atender el clamor de la población para que se aplique la justicia de manera pronta, efectiva e imparcial y a los diputados de Jalapa para que defiendan los intereses del pueblo, e impulsar leyes que protejan el medio ambiente que garantice el bienestar de todos los ciudadanos.
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS
Entre tanto, Mario Marroquín, presidente de la Gremial de Industrias Extractivas, señaló que para que la conflictividad social por el tema minero disminuya debe tratarse primordialmente en el diálogo informado, puesto que existe desinformación que crea cada vez más se establezca esta situación en el país.
Marroquín indicó que “el gran árbitro y facilitador del diálogo deberá ser el Estado”, para que se facilite el diálogo principalmente cuando se tiene este tipo de conflicto.
Aparte de los mecanismos de diálogo se tienen que tener otros aspectos como de información objetiva y técnicamente sustentada, “el día que baje la emotividad y reine la racionalidad, se sorprenderán que las industrias extractivas en vez de estar en vías de expiación están en vías de extinción”, señalo Marroquín.
PIDEN REFLEXIONAR
El sector empresarial representado por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) llama a reflexionar el reciente mensaje de la Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG) “dada su relevancia y pertinencia en el momento actual”.
Según el CACIF, aunque existen personas y entidades que desempeñan un gran papel en las variadas circunstancias que el país enfrenta, “es evidente que hay otras personas, grupos e instituciones cuyo comportamiento contribuye a un clima de violencia y de confrontación social”.
El sector empresarial hace propia la inquietud de los prelados de la Iglesia Católica, por generar un cambio de cultura en que prevalezca la persona humana, el respeto a la vida, el Estado de derecho y el bien común, que permita superar con firmeza cualquier interés egoísta, malintencionado y violento que esté amenazando a la sociedad guatemalteca, indicó.
MENSAJE DE LA CEG
El pasado 20 de noviembre la Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG) emitió un comunicado con el título “¿Entonces, qué debemos hacer?”, en el que hacía un llamado a la generosidad y a la solidaridad ante los últimos acontecimientos vividos en el país y se expresó sobre una variedad de temas de importancia nacional como la conflictividad, la violencia, la corrupción y sobre el actuar de sectores como los partidos políticos, la empresa privada y las organizaciones sociales.
Los obispos también señalaron una serie de posibles soluciones frente a la conflictividad como fomentar el Estado de Derecho y el respeto a las leyes; la promoción del diálogo para establecer consensos y permitir lograr un modelo de desarrollo que sea más incluyente, y por parte del gobierno, disipar la sospechas de que es un gobierno “militarista e intolerante”, proclive a favorecer a la iniciativa privada y sus proyectos por encima del bien común.
Sigue tensión
Esta mañana nuevamente se originó un conflicto en el lugar conocido como La Puya, que se ubica entre San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, donde desde hace varios meses grupos de vecinos se mantienen en resistencia para evitar que trabajadores de una minera ingresen a laborar.
De acuerdo con la información, hoy fue agredida físicamente una delegada de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), que intentaba intervenir en la situación. Los empujones y golpes continúan, aún sin llegar a un consenso entre los involucrados.