Ante la oficialización de la Ley contra la Corrupción, publicada hoy en el diario oficial, el Ministerio Público (MP) dio a conocer que ya se prepara para su entrada en vigencia.
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El Congreso de la República hizo público el Decreto número 31-2012, que contiene la normativa anticorrupción, aprobada el pasado 30 de octubre.
La Ley Penal contra el Enriquecimiento Ilícito, conocida también como Ley contra la Corrupción, reforma el Código Penal, la Ley contra la Delincuencia Organizada y la Ley de Extinción de Dominio, modificaciones que entraran en vigencia dentro de ocho días.
En ese sentido, Javier Monterroso, Secretario Público del MP, informó que los fiscales ya están siendo capacitados sobre la nueva normativa. Para el efecto, indicó que cuentan con el apoyo del Proyecto de la agencia de cooperación de Estados Unidos (Usaid, por sus siglas en inglés).
De acuerdo con el Secretario, con la capacitación se busca que los agentes fiscales tengan criterios claros en relación a los nuevos tipos penales.
Monterroso también hizo un llamado al Organismo Judicial (OJ) para que de la misma forma los jueces y magistrados sean introducidos en el estudio de la nueva normativa, “para que tengamos todos los mismo criterios”, reiteró.
Anteriormente Raquel Sáenz, jefa de la Fiscalía contra la Corrupción, explicó que para obtener mejores resultados, el ente investigador trabajaba en una reestructuración de la sección, la cual vendría a reforzarse con las herramientas que proporciona el Decreto 31-2012.
La reestructuración se estableció la distribución de las denuncias por corrupción en tres áreas: la primera el área de análisis, encargada de filtrar los casos; la segunda área conformada por cuatro agencias que conocerían denuncias de alta relevancia por montos involucrados mayores a Q7 millones 500 mil, y dos agencias de mediana relevancia que investigarían denuncias que involucren de Q500 mil a Q7 millones 500.
Por último establecieron, una agencia de menor relevancia, que conocería denuncias que involucren cantidades menores a los Q500 mil.
LA NORMATIVA
La Legislación anti corrupción está conformada por 47 artículos, que contemplan reformas a tres normativas ya existentes, y crea los ilícitos penales de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, entre otros.
La misma impone sanciones para funcionarios y empleados públicos que obtengan un beneficio ilícito con dinero del Estado, y además permite la persecución penal contra particulares que cometan ilícitos relacionados a la gestión pública hasta cinco años después de haber cesado sus funciones en el cargo.
Para el efecto, la legislación impone penas de 5 a 10 años de prisión, multa de Q50 mil a Q500 mil e inhabilitación especial para los funcionarios o empleados que sean hallados culpables por el delito de enriquecimiento ilícito.
Desde el año 2001, diversos sectores de la población abogaban por esta normativa, aprobada por el voto de 120 diputados el pasado 30 de octubre.