Aunque parte de la opinión pública estima que el pago de la deuda flotante es ilegal, empresas no incluidas en el listado del Ministerio de Comunicaciones y que dicen también ser acreedoras, reclaman el cumplimiento de obligaciones de parte de ese ministerio.

Alfonso de León, con una empresa constructora del mismo nombre, dijo a La Hora que la transparencia de la que habla el gobierno no se hace evidente en el listado de la deuda que publicó el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi). A criterio del contratista, de 32 empresas que hicieron trabajos similares de reconstrucción después de la tormenta tropical Stan, solamente seis fueron incluidos.

De León afirma que no se explica que teniendo la documentación que corresponde a contratos de supervisión por la construcción de varios puentes en Retalhuleu y San Marcos, además de certificados de reconocimiento de la deuda de parte de la Dirección General de Caminos y de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial emitidos este año, no se le haya incluido en las intenciones de pago de la cartera.

La empresa de De León no está agremiada de ninguna cámara empresarial, situación que el propietario lamenta debido a que considera que eso facilitaría la gestión del pago. El 70 por ciento de las empresas a las que el Micivi reconoce adeudarles, son parte de la Cámara Guatemalteca de la Construcción, según fuentes de esa entidad.

LOS CONTRATOS
Los trabajos pendientes de pago a la empresa de Alfonso de León fueron por supervisión en puentes de Retalhuleu y San Marcos, que fueron licitados, según el constructor y ganados por su entidad privada. Sin embargo, comentó que existía un fideicomiso en el Crédito Hipotecario Nacional (CHN)  por unos Q30 millones, para contrarrestar los efectos de la tormenta tropical Stan, pero habrían sido trasladados para los programas sociales del gobierno anterior, por lo que se dejó de pagarle a él y a otras empresas.

Por esa situación, el constructor demanda que la Contraloría General de Cuentas investigue lo ocurrido con esos recursos. Según indicó, si se pagara solamente lo que argumenta el Micivi, luego el gobierno podría argumentar que no debe nada más y las empresas no incluidas quedarían sin reconocerles el pago que reclaman.

El contratista afirmó que continuaron trabajando sin el pago, porque “la obra no la podíamos dejar sin supervisión sin incurrir en sanciones, tuvimos que seguir trabajando mientras se solucionaba nuestro contrato”.

DETALLE DE DEUDA
Según el propietario de la empresa son cuatro proyectos los que el Ministerio de Comunicaciones le adeuda de manera parcial. Con la Dirección General de Caminos tiene el contrato ampliatorio 474-2007, por el proyecto PTR-14, por supervisión de trabajos en los puentes Nahualá 1 y 2, cuyo pago pendiente sería de Q509 mil 608.95; el contrato ampliatorio 472-2007, por el proyecto PTR-09, por supervisión de trabajos en el puente San Gregorio, en Retalhuleu, pendiente de pago Q656 mil 575.83; y el contrato ampliatorio 473-2007, por el proyecto PTR-10, por supervisión de trabajos en circunvalación en Retalhuleu, en el lugar denominado Las Pilas, por Q669 mil 454.78. En total, el Micivi le adeudaría Q1 millón 835 mil 639.26, según De León solo en la Dirección de Caminos.

Por último, tendría un contrato pendiente de pago por Q54 mil 303.88 con Covial, por el proyecto F-33-2008, también por trabajos de supervisión.