El Instituto para el Desarrollo Económico Social de América Central (IDESAC) pidió al Presidente de la República suspender la propuesta de reformas constitucionales que impulsa el Congreso y que aún no cuenta con dictamen favorable para ser conocida en el pleno.

En el foro “Reformas Constitucionales: Modernización o retraso para el avance democrático”, académicos del IDESAC expusieron las razones por las que rechazan las reformas impulsadas por el Ejecutivo.

Miguel Ángel Reyes, doctor en Sociología Política, expuso algunas de las razones por las que adversan las reformas; el proyecto constitucional del presidente Pérez busca centralizar y debilitar más al Estado en favor de poderes económicos y militares en quebranto de múltiples derechos, anotó.

Ricardo Alvarado, miembro del IDESAC y especialista en derechos humanos, considera que la mayoría de los temas que se intentan regular con las reformas son temas secundarios y se pueden resolver con leyes ordinarias.

Reyes indicó que piden al Presidente dar marcha atrás a la propuesta que se encuentra actualmente en la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso; la propuesta del Ejecutivo ha encontrado dificultades y las primeras tentativas para que se aprobaran de urgencia nacional han fallado.

Además eventos como el terremoto del pasado 7 de noviembre implicaría que el Ejecutivo tenga que repensar el gasto que hará en las reformas, que exceden los Q150 millones y que deberían destinarse a las víctimas del terremoto, señaló.

PROPUESTA CONTIENE ARDIDES 
Según Reyes la propuesta da una mayor independencia al Ejército al atribuir al Presidente la facultad para disponer la intervención del Ejército con solo un Acuerdo Gubernativo “para mantener el orden público, la paz y la seguridad interna”, en el último inciso del artículo 27 del proyecto de reformas.

Con este inciso se faculta constitucionalmente al Ejército para que con la sola voluntad del Presidente y sus ministros se pueda intervenir en cualquier actividad pública sin ningún requisito, supervisión ni rendición de cuentas.

Otro ardid de la propuesta sería favorecer a la banca privada mediante la constitucionalización de los fideicomisos; en el inciso a) del último artículo transitorio se dice que “los fideicomisos de inversión deberán quedar adscritos a un ministerio o a una autoridad descentralizada o autónoma” lo que significaría que los fideicomisos se elevan a rango constitucional en lugar de suprimirse como demanda la mayoría de la ciudadanía, expuso Reyes.

Según el académico, más de las dos terceras partes de los 39 artículos a reformar, 17 en total, se refieren a las Cortes, a los tribunales y a su personal, sin embargo, esto no es para mejorar la justicia sino para subordinar a los jueces de todas las jerarquías a intereses privados. 

Se pretende crear una Cámara Administrativa de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que no estaría sujeta a la misma y sería el poder supremo en el Organismo Judicial (OJ).