Los trabajadores de la salud y otros ciudadanos indignados por las medidas de austeridad, entre ellas las reducciones presupuestarias y la decisión de privatizar algunos centros sanitarios del servicio nacional de salud, se manifestaron ayer en el centro de Madrid.
Unas 10 mil personas, muchas de ellas vestidas de blanco, comenzaron a desfilar por la mañana desde cuatro hospitales importantes en las afueras de la capital rumbo a la céntrica Puerta del Sol con carteles que decían «La sanidad pública no se vende, se defiende».
Algunos de los manifestantes dijeron estar indignados con los planes del gobierno regional de Madrid de transformar un hospital especializado en dolencias infecciosas raras en un hogar para ancianos y venderlo.
«Nuestro hospital Carlos III es un punto de referencia médica. Tratamos enfermedades sumamente contagiosas. Damos servicio a muchos pacientes. Ellos todavía quieren deshacerse de él», dijo la enfermera Natalia Fernández, de 34 años.
Javier Fernández Laquetty, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, dijo que las medidas implementadas buscan alcanzar mayor eficiencia y garantizar que los contribuyentes sobrevivan a la crisis con hospitales de primera clase.
«Las medidas son para asegurar responsablemente que seguiremos teniendo un servicio público de salud universal de calidad, abierto a todos», dijo.
Los organizadores de la marcha, llamada la «marea blanca», dijeron que los empleados de salud en Madrid observarán cuatro días de paros el 26 y 27 de noviembre y el 4 y 5 de diciembre para criticar las acciones del gobierno.
«Hemos construido hospitales y centros de salud con fondos públicos y el gobierno los está entregando a sus amigos», dijo la enfermera María Victoria de Lucas, de 52 años.
La salud y la educación son administradas por las 17 regiones semiautónomas de España y no por el gobierno central, cada una establece sus propios presupuestos y gastos. Las regiones representan casi 40% del gasto público.
Muchas regiones están batallando mientras la economía de España está en recesión por una crisis desatada por el colapso del sector de bienes raíces en 2008. Algunas, después de gastar de más e incapaces de solicitar préstamos en los mercados financieros para saldar sus enormes deudas, están reduciendo sus presupuestos.
Las regiones españolas adeudan 145.000 millones de euros (185.000 millones de dólares) y unos 36.000 millones de euros (45.800 millones de dólares) deben refinanciarse este año.
El país quiere evitar seguir los pasos de Grecia, Irlanda, Portugal y Chipre que tuvieron que solicitar ayuda financiera internacional.