Probablemente el presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti están imbuidos de las mejores intenciones para que los damnificados por el terremoto del miércoles 7 de este mes y las subsiguientes réplicas, reciban de inmediato el auxilio necesario y que la ayuda de diversidad de personas y organizaciones sociales no se extravíe en el camino; pero tengo la impresión de que sus principales colaboradores y asesores desconocen la realidad socio-económica del suroccidente, en lo que atañe a los propósitos de reconstrucción.
Como las informaciones que se proporcionan oficialmente no se han depurado, se ignora con fidelidad cuál es el número de inmuebles de propiedad privada que deben ser atendidos, aunque se presume que superan las 10 mil viviendas y otros edificios particulares, el Gobierno debe tomar en consideración algunos elementos esenciales para proceder a la ejecución de los proyectos que se propone.
En primera instancia, lo urgente es atender a la multitud de personas que se quedaron sin techo; suministrarles alimentos, frazadas y medicamentos, que tienen categoría de prioridad. Luego, evitar a cualquier costa la opacidad y la corrupción, y seguidamente, aunque no por ello menos importante, unificar el mando en una institución, porque de la forma como se han distribuido las tareas de reedificar o restaurar viviendas derribadas o dañadas según el departamento de que se trate, es duplicidad de esfuerzos y sirve para enconar la rivalidad entre figuras públicas que ya están pensando en las elecciones de 2015.
En ese sentido, el mandatario debería tomar como ejemplo lo que en 1976 decidió el presidente Kjell Laugerud, al crear el Comité de Reconstrucción Nacional, que incluyó a representantes del Estado, del CACIF, del determinante movimiento cooperativista y de los mismos afectados en el área golpeada por el terremoto, bajo una misma directriz, pero enfocando sus labores de acuerdo con las necesidades y capacidades sociales, económicas, culturales y de otra índole de las comunidades perjudicadas.
No es razonable que a todos los que se quedaron sin vivienda o sin establecimientos educativos, por ejemplo, se les ofrezca un subsidio de Q27 mil y un terreno de 36 metros cuadrados, con techo de lámina, en vista de que el terremoto no afectó sólo a familias de bajos ingresos, sino también a guatemaltecos de clase media que no esperan un pequeño subsidio, sino que les brinden asistencia económica para financiar la edificación o reconstrucción de sus inmuebles, porque estarían en posibilidades de pagar créditos a bajas tasas de interés.
No es lo mismo la reconstrucción de una aldea o de una colonia popular que la reparación de inmuebles en centros urbanos como las ciudades de San Marcos, San Pedro Sacatepéquez y otras más, aunque cae de su peso que se debe privilegiar a los más pobres que no están en capacidad de reedificar sus modestas viviendas sin el respaldo del Estado.
(El mediano empresario marquense Romualdo Tishudo consulta al médico: –Desde que el terremoto derribó mi negocio, tengo tendencias suicidas, ¿qué hago, doctor? –En primer lugar, págueme por adelantado).