El presidente de la República, Otto Pérez Molina, a raíz del terremoto que afectara el departamento de San Marcos y otros departamentos estimó necesario declarar Estado de Calamidad en toda esa área del territorio nacional, lo que le permitía reasignar, según sus declaraciones, alrededor de Q700 millones del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para superar la destrucción que la naturaleza realizó en la infraestructura pública y en inmuebles públicos y privados de esas áreas.

A medida que ha transcurrido el tiempo se ha ido incrementando el número de inmuebles afectados, algunos no son susceptibles de reparación y deben ser demolidos para que el sector público y privado, según el caso, los reconstruya. Muchas personas privadas se verán ante el imperativo que la casa familiar de su patrimonio sólo quede el terreno, serán ellos con recursos privados quienes tendrán que rehacerlos, por ello también es tan importante que los bancos privados, incluyendo por supuesto al Crédito Hipotecario Nacional y a Banrural, establezcan líneas de crédito con intereses blandos y así con el sacrificio y esfuerzo los inmuebles deteriorados se edifiquen de nuevo, con mejores características e incluso con alguna plusvalía; es como podar un rosal, nadie puede hacer que un inmueble destruido o sumamente deteriorado vuelva a su estado original, pero sí puede aprovechar la situación de daño para sembrar de nuevo y que sus hijos y nietos, inclusive la comunidad, reciban el beneficio.

Al declararse el Estado de Calamidad implica y conlleva que el gobierno puede invertir esos Q700 millones sin mayores trámites, sin respetar y aplicar la Ley de Compras y ahí es donde se produce el riesgo de que Fonapaz, el Ministerio de Comunicaciones y otros hagan decisiones inadecuadas e incorrectas que redundarán en elevados costos en beneficios para los aprovechados y en desprestigio del gobierno en general por cuanto a los habitantes de la capital nos podrán tomar el pelo, pero a los habitantes de esas localidades, de esos departamentos, no los podrán engañar.

De hecho, ya parte de las ayudas privadas y públicas que han empezado a fluir han permitido evidenciar que hay quienes están listos a “pepenar”, por ejemplo el diputado Luis Contreras, sin ninguna lógica, muchos menos justificación, se llevó buena parte de la ayuda a Malacatán, San Marcos, de donde es originario, pero su población no sufrió daños. Cuando le cuestionaron su pretensión argumentó que era para “maquilar los productos”. Me preguntó ¿Qué se tendrá que maquilar en el agua, alimentos y bienes que por donaciones y contribuciones se llevaron a San Marcos y San Pedro Sacatepéquez? Ante la refutación que le hicieron muchas personas, argumentó que los trasladaría de Malacatán a la Reforma, olvidándose que de ese municipio a la Reforma no era el camino más recto, es más fácil llegar por Coatepeque, Quetzaltenango. En otras palabras, “ahí había de piña” y si bien este no es el único ejemplo, el actual gobierno debe velar porque no se produzca el abuso y el beneficio de personas que sin ninguna limitación nos digan “el muerto al hoyo y el vivo al boyo”.

Una alternativa que está de moda es crear un consejo donde estén el gobernador, el obispo en funciones, un representante de las iglesias evangélicas, de la sociedad civil y de los alcaldes, con facultad de revisar y denunciar cualquier acción improcedente o aprovechamiento que se pretendiera hacer en la reconstrucción y en la distribución de ayudas y bienes.
¡Guatemala es primero!