En el cierre de operaciones de empresas en el país intervienen varias aristas, que van desde las condiciones propias de cada mercado, hasta temas de seguridad nacional como consideran los empresarios al contrabando de frontera, el cual, causaría grandes daños a la industria nacional, según indican. Aunque las causas son variadas, el tema de seguridad continúa siendo preponderante.

La dinámica del mercado nacional, así como el regional y el internacional, incide en que las empresas puedan tomar la decisión de dejar sus operaciones en un país e incursionar en otro, según Jorge Lavarreda, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN). Pero también las decisiones pueden verse influenciadas por las propias empresas, que en ocasiones adoptan cambios de giro en los negocios.

“Es un hecho”, dice Carolina Castellanos, directora Ejecutiva de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AmCham), que ese tipo de dinámica incide en el traslado de algunas empresas, pues con la ampliación del Canal de Panamá, por ejemplo, donde también se construyen bodegas que permiten almacenar productos que luego se distribuyen a toda América Latina, se hace que las operaciones empresariales sean “muy convenientes”.

El gobierno del presidente Otto Pérez Molina, por su parte, ha tomado el tema de promoción de la competitividad y la inversión como un estandarte, al punto de adoptar acciones que faciliten la apertura de empresas, agilización para el pago de impuestos y ventanillas para el trámite de licencias. Sin embargo, la falta de transparencia en el manejo de los recursos, la falta de certeza jurídica, de que la aplicación de las leyes dependa de una serie de factores (tráfico de influencias, por ejemplo) y la inseguridad, son elementos que ahuyentan las inversiones y afectan a las empresas, opinan algunos analistas.

Las empresas multinacionales, al cambiar su centro de operaciones o alguna de sus filiales, solamente reflejan que están tratando de optimizar sus recursos, buscando lugares donde la operación resulte más eficiente y la posición logística se facilite, señala Lavarreda. En ocasiones se trata de incremento en la eficiencia y no necesariamente por temas fiscales o de seguridad, según puntualiza.

Para el caso de empresas como Avon, que salió del país en 2008, se debió a que, por razones estratégicas, movieron sus operaciones a Panamá, pues por las actividades de ampliación del Canal les resulta más conveniente concentrar actividades en ese lugar, afirmó Castellanos.

Algo similar ocurrió para la industria Kellogg’s, que dejó de operar en territorio nacional en 2009, porque le resultaría más barato introducir el producto a Guatemala desde México, que continuar sosteniendo la operación de fabricación en el país, destacó la Directora, “pero esto ya se debe a economías de escala”, agregó.

El crecimiento económico moderado que “también afecta a los negocios”, es causa de que algunas empresas cierren operaciones, porque no ha mostrado recuperación considerable desde el año 2008, indicó el analista del CIEN.

INSEGURIDAD
Según el experto Jorge Lavarreda, las empresas pequeñas sí se ven afectadas “por el contexto local”, desde asuntos de seguridad, sobre todo con extorsiones, que afectan el margen de ganancias al que pueden aspirar.

A decir de Castellanos, muchas de las pequeñas empresas alrededor del país “han tenido el gran problema de las extorsiones”, pues “el tema de la inseguridad ha generado el cierre de muchos pequeños negocios que no aguantan que las maras les estén cobrando una cantidad mensual de dinero que no tienen” y, la consecuencia, es que para que no los lastimen, es que cierran el negocio, acotó.

Generalmente, esos pequeños negocios no están agremiados ni son parte de ninguna cámara y su voz y sus problemas no son escuchados y atendidos.

Para las grandes empresas, el problema estaría en sus rutas de distribución, porque si necesitan pasar por un lugar “copado de mareros” les cobran, asaltan o matan a los pilotos y son cosas “de todos los días”, agrega Castellanos.

Javier Zepeda, Director Ejecutivo de la Cámara de Industria, resalta que los costos de seguridad para las empresas “son altísimos” y explica que representan al menos el 0.8 por ciento de las ventas, que se aproximaría, a manera de comparación, a la tasa del Impuesto de Solidaridad (ISO), de uno por ciento, aunque no precisó en qué rubros exactamente se gasta esa cantidad de dinero.

Son tres grandes retos los que enfrentan empresas pequeñas cuando abren sus operaciones y sobre los que dependen para no cerrar, dice la Directora de AmCham; el primero se debe a que son vulnerables a robos y el segundo a extorsiones, mientras el tercero es el poco acceso a financiamiento.

TEMA FISCAL
“Es muy difícil”, asevera Lavarreda, que una empresa traslade sus operaciones por cuestiones fiscales, pues incluso los cambios realizados con la modernización tributaria no han sido importantes, a su criterio.

Aunque ciertamente no se sabe de empresas que trasladen operaciones fuera de Guatemala por este tema, Carolina Castellanos explicó que “la incertidumbre” es la que pone a una empresa en qué pensar y cambiar el esquema de negocios. En la administración gubernamental anterior, todos los años se hablaba de reforma fiscal, de la que había varias versiones, señaló.

Javier Zepeda disiente al respecto, porque afirma que el tema fiscal sí daría espacio para que empresas salgan del país, sobre todo por “la moda de que cada cuatro años cada gobierno quiere más impuestos”. En ese sentido, “las empresas formales tienden a pasarse a la informalidad porque sale más barato, o terminan desapareciendo”, aseveró.

CONTRABANDO Y DEPÓSITOS
“Es un problema de seguridad nacional”, estima Andrés Castillo, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), que afecta las finanzas del Gobierno, opinión a la cual se suma Javier Zepeda.

Zepeda dice que se estima que las consecuencias del contrabando, entre otras, son la pérdida de empleo formal, incremento de la inseguridad y criminalidad, problemas en salud pública. Para el Gobierno, pérdida de aproximadamente Q6 mil millones en impuestos por defraudación aduanera en cifras de 2009, que según Castillo ha solicitado que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) actualice. Además, deteriora la imagen del país,

El Director Ejecutivo de la CIG argumenta que ese fenómeno no es solo un tema económico porque está ligado al crimen organizado y por eso se convierte en tema de seguridad.  La consecuencia para la industria, es que deja al sector en desventaja competitiva, porque deteriora las marcas, provoca pérdidas del mercado y cierre de operaciones.

Ninguno de los empresarios consultados considera que una empresa formal y bien establecida, constituida legalmente, que pague impuestos y que cumple con todas sus obligaciones pueda estar involucrada con el contrabando de productos. Sin embargo, no todos están de acuerdo con esta premisa.

Según Lavarreda, aunque no se puede generalizar, sí hay en la economía informal, personas que laboraran para algunas empresas formales, que abastecen de productos  de contrabando a estas últimas. El contrabando es “gris”, no blanco o negro, asevera, pues “en algunos casos sí pueden darse algunos negocios que operen parte de su actividad en la formalidad e informalidad.”.

El experto del CIEN, dijo que el contrabando afecta a las empresas, sobre todo porque al país ingresan productos mexicanos y salvadoreños, lo que se convierte en competencia desleal.

Miguel Gutiérrez, titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), al respecto dijo que para el combate al contrabando, el rol que le corresponde a la entidad, consiste en velar porque la mercancía que ingresa al país cumpla con las obligaciones aduaneras, principalmente las relacionadas con los impuestos de comercio exterior. En caso de incumplimiento, debe presentar denuncia, provocar la persecución penal o adherirse a algún caso ya iniciado por el Ministerio Público.

La SAT, forma parte de la CONACOM, donde según Gutiérrez, se han realizado operativos de carretera y allanamientos; obteniendo como resultado incautaciones de mercancía y se ha detenido a quienes la transportan, esto conjuntamente con todas las instituciones que forman parte de dicha  Comisión.  

Según fuentes que prefieren guardar su nombre, sobre los depósitos aduaneros pesarían algunas sospechas por contrabando, debido a la falta de control que existiría sobre los mismos. En total, en el país, operan 16 de estos depósitos, que son administrados por los depositarios –dueños del depósito que son entidades privadas– y supervisados por la Intendencia de Aduanas, a través de sus delegados que se encuentran instalados en dichos depósitos. Según la SAT, “hasta la fecha no hemos encontrado casos de contrabando en los depósitos aduaneros”.

CIFRAS
Javier Zepeda dice que para los productos del petróleo, ingresan al país cerca de 250 mil galones diarios entre toneles y camiones cisternas de contrabando, que no incluiría el producto que se vende al detalle por galones en carreteras, que es aproximadamente 10 por ciento del consumo nacional.

En el sector avícola, el volumen estimado es del 12 al 15 por ciento del consumo nacional, tanto solo en productos como huevos, cuya carga ingresa vía terrestre desde México, Honduras, Belice y El Salvador, y piezas de pollo que llegan por vía marítima a Santo Tomás y Puerto Barrios.

Para el arroz, ingresa el equivalente a 25 por ciento del consumo nacional, aproximadamente 25 mil toneladas métricas anuales, que ingresan por México. En cuanto a cigarrillos, el contrabando es por encima del 15 por ciento del mercado. Medicinas y llantas también se contrabandean, que llegaría a entre 15 y 20 por ciento del mercado. Aceite doméstico, bebidas gaseosas, cerveza y licores también estarían entre los productos incluidos.

EMPRESAS NACIONALES Y EXTRANJERAS
El caso de cierre de la planta de manufactura de la Tabacalera Centroamericana, S. A. (Tacasa) que se considera emblemático, fue directamente por el contrabando, afirma Castellanos, quien también señala a ese ilícito como crimen organizado. “Para ellos, específicamente el contrabando los acabó”, afirmó.

Tacasa informó a finales del mes pasado, que luego de varias evaluaciones, decidieron cerrar la manufactura de cigarrillos en el país, pero que continuaba su presencia a través de la distribución y comercialización de los productos, cuyo origen sería de otras plantas en otros países.

“Es una señal negativa para la imagen del país, dijo Castillo. El año pasado, habrían cerrado unas 40 gasolineras legalmente establecidas, porque al día de hoy “es imposible para ellos competir con la gasolina contrabandeada”.

Algunos sectores en que los empresarios observan riesgos, sobre todo sanitarios, es en las medicinas, pues el contrabando de esos productos “se ha incrementado sustancialmente”, dijo Castillo, y hay gran cantidad de medicina contrabandeada que ingresa al país y afecta a la población.

Para Lavarreda, una combinación con el contrabando, cambios en costo de la energía. “Ese tipo de factores hacen la diferencia de que la operación ya no salga rentable” para empresas de diferentes sectores.