El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) publicó el detalle de empresas con las que se tiene obligaciones de la deuda flotante. Sin embargo, en algunos casos, el detalle es mínimo, no incluye fecha del contrato o proyecto ejecutado.

Según el documento, los compromisos de obra ejecutada no pagada son obligaciones heredadas para la administración del presidente Otto Pérez Molina, “que durante años se ha incrementado y que ningún gobierno ha querido enfrentar”. Las razones de no haber pagado las obligaciones en su momento, serían porque el presupuesto para el CIV ha sido insuficiente, emergencias por desastres naturales, atención de emergencias menores y “malos manejos y utilización clientelar del presupuesto del CIV”.

Luego de supuestamente haber hecho una revisión de documentación y auditorias de campo, el CIV habría depurado la cifra de la deuda hasta llagar a unos Q3 mil 500 millones.

Para las diferentes unidades ejecutoras que mantienen ese tipo de deuda, hay montos que completan la cifra que se pensaría saldar con la emisión de bonos del tesoro.

COVIAL, CON LA MAYOR DEUDA
La Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) es la entidad adscrita al Ministerio de Comunicaciones que más deuda flotante presenta, con un total de Q1 mil 708.9 millones, que representa la mitad que esa cartera tiene contabilizado como obligaciones no pagadas. Aunque el CIV proporcionó los nombres de las empresas a las que se adeuda, no detalla el lugar donde se realizó la obra para esa unidad.

Covial tiene varios programas por los cuales mantiene deuda con contratistas, que son Mejoramientos, que datan desde 2003; Mantenimientos, que vienen desde 2001; Emergencias, desde 2007 y una específica para la tormenta tropical Agatha.

Detrás de Covial está la Dirección General de Caminos, con Q1 mil 418.4 millones, pero el detalle proporcionado por el Ministerio, no refleja fecha en que los proyectos se ejecutaron ni se hace alusión a la obra desarrollada.

Adicionalmente, para el caso de Caminos, se hace la aclaración de que “la presente deuda corresponde a documentos físicos que se han recibido en el departamento de control de inversión de la división financiera de la Dirección General de Caminos”, lo cual dejaría lugar a dudas respecto a que si esa papelería sería la adecuada para una auditoria correspondiente de parte de la Contraloría General de Cuentas (CGC), ente cuestionado por su supuesta debilidad.

Amílcar Pop, presidente de la Comisión por la Transparencia del Congreso, considera que se necesita fortalecer la autonomía de la CGC, pues ya cuenta con un instrumento como la ley contra la corrupción, por lo cual, “la entidad tiene que garantizar la transparencia”.

SERÍA HISTÓRICO
El ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, calificó el hecho de haber dado a conocer el detalle de la deuda flotante como “histórico”, y según indicó, sería un paso hacia transparentar el proceso de pago. Al ser cuestionado sobre la lentitud para proporcionar la información, dijo que todos quisieran que esta fluyera de manera más rápida, pero lo importante sería que ya se dio a conocer.

Sinibaldi descartó que este momento sea idóneo para hablar de emisión de bonos para saldar la deuda, por motivo de la emergencia originada por el terremoto de la semana pasada.