La transparencia no es una virtud, pero sí lo es la honestidad. Por ello, hoy más que nunca, cuando el país está necesitado de líderes gubernamentales, sociales y culturales, se requiere que cada uno de ellos, en el rol que les corresponda, utilicen la constante, valiosa y fructífera estrategia de la transparencia, evitando con ello conflictos sociales, acciones de política sucia y por sobre todo, acciones legales que pueden llevar a la cárcel a aquellos cuya conducta no sea moral, ni legal.

Especial referencia se hace para quienes ejercen función pública, aunque no es la única. El adagio prevalece. Quien corrompe y se corrompe pecan por igual.  Por ello, ante las graves circunstancias que sucedieron la semana pasada por el sismo que dejó muertos, desaparecidos y muchas víctimas sin sustento de primera necesidad (casa, agua, comida y cobija), el gobierno tiene la gran responsabilidad de monitorear todo el movimiento que desde las oficinas estatales se realice, y también desde los sectores privados de la sociedad.

Con la publicación y muy segura aprobación del Congreso de la República sobre el decreto del estado de Excepción (Calamidad Pública), los fondos públicos que regularmente intentan pasar por una serie de matices o filtros de transparencia, sufren una variación, al permitirle a los funcionarios hacer compras inmediatas y sin procesos previos, atendiendo a la urgencia y necesidad de las mismas, pero apelando a la sensatez y al buen juicio de quienes las adquieren.  Este, como cualquier otro momento de crisis, no es para favorecer amigos o tomar oportunidades mercantiles, sino para lograr con alto nivel de moralidad, un beneficio para aquellos que afrontan el frío de la noche, la sed del día y el consuelo de una comida caliente, o inclusive un lugar donde dormir tranquilos.

Hacer lo contrario, equivale a muchos riesgos.  Primero, los más importantes, los morales, atendiendo a que siempre habrá un Dios que espera lo mejor de cada persona, y que en estos aspectos seguramente tendrá su vara para medir una sensata justicia. Pero también hay otros, dentro de la moral, el riesgo público, de caer en una sonada crítica de la población, al enterarse de los negocios que se realicen sin tomar en cuenta aspectos éticos y legales durante este período.  Y ese riesgo moral con incidencia pública, conlleva un riesgo político, pues naturalmente los partidos de oposición dentro o fuera del Congreso, aprovecharán para fiscalizar aquello que no alcance ese nivel de transparencia y exponerlo ante la sociedad, lo que causaría un desgaste innecesario para el gobierno y el partido oficial, disminuyendo las posibilidades de este último, de repetir un triunfo electoral próximo.  Finalmente, el riesgo legal, el que implica un castigo del propio Estado, por intermedio de los órganos jurisdiccionales y especialmente mediante acciones administrativas de la Contraloría General de Cuentas y de un Ministerio Público renovado, que se espera tenga también los ojos puestos en el tema, pues estos serían actos contrarios a la ley, de naturaleza pública, lo que obligaría a su accionar de oficio, sin denuncia particular. 

Sin pensar ni atenuar los riesgos sociales de un pueblo que parece ya acostumbrado a que se le manipule y que se le engañe, sería un excelente antecedente, contar con una administración de esta crisis de forma honesta, digna y transparente, lo que haría transformar estos posibles e inminentes riesgos, en valores positivos y réditos para el gobierno y toda su administración.