La representación del Partido Patriota, con 63 escaños, está lejos ser una “aplanadora” de mayoría absoluta en el Congreso, pero está demostrado que consigue lo que quiere en el momento que lo necesita. Eso no solo evidencia la fortaleza de la agrupación, sino también la debilidad intencional de los grupos de oposición, que han cedido en repetidas ocasiones a la agenda del oficialismo.

Durante varios meses, el Partido Patriota no tuvo problemas para dar luz verde a varios de sus proyectos. La Dirección Legislativa confirma que en las primeras semanas de la actual legislatura fueron aprobados 10 decretos, en su mayoría  impulsados por el oficialismo con respaldo de varias agrupaciones aliadas.

La Ley de Actualización Tributaria, la modificación de la Ley del Organismo Ejecutivo –para la creación del Ministerio de Desarrollo Social–, la Ley Antievasión II y Ley de la Vivienda, fueron algunos de los proyectos de ley que avanzaron sin mayor problema. Todo marchó viento en popa para el oficialismo, y el presidente del Congreso, Gudy Rivera, argumentó que el éxito era resultado de los consensos logrados.

Todo marchaba bien hasta febrero, cuando el escenario tomó otro giro y el partido Lider solicitó la interpelación al Ministro de Finanzas, juicio político que mantuvo en impasse la actividad legislativa durante tres meses; a las puertas del segundo período de sesiones, las aguas empezaron a calmarse y de nuevo el Partido Naranja tomó las riendas. Nuevas aprobaciones se lograron.

El tema más esperado, el Presupuesto de Ingresos y Egresos se tornó en una prioridad cuando fue entregado por el Ministerio de Finanzas en septiembre pasado. La afinidad entre  los patriotas con el resto de bloques fue evidente; todo apuntaba que el proyecto sería aprobado sin mayores obstáculos, y así fue.

La aprobación de leyes no solo demuestra las alianzas que teje el bloque oficialista, sino también la tenue e inconsecuente oposición de otras bancadas.

“La aprobación arroja que algunos favores recibieron a través del presupuesto y eso los ha obligado a estar complacientes”. Es la explicación que encuentra la diputada Nineth Montenegro, quien considera que no es fácil ser una política de oposición cuando se integra una bancada con diputados.

En el análisis de Montenegro, las críticas no se concentran en el oficialismo. “Usted tiene que convencer no con gritos, ni con megáfonos, sino con análisis reales”, resalta la congresista, en alusión a la forma como Lider se ha comportado en el hemiciclo al momento de oponerse a la agenda oficialista.

FAVORES POR VOTOS
¿Cómo explicar las debilidades de la oposición? Las denuncias del Partido Lider y UNE pusieron en entredicho la supuesta sintonía del partido oficial con varios bloques, mostrando que los votos no eran el resultado de consensos sino de negociaciones dudosas.

La primera señal fue la denuncia presentada el pasado ocho de octubre por la diputada de Lider, Delia Back, quien accionó ante el Ministerio Publico explicando que los diputados recibieron Q250 mil para aprobar una agenda, la cual supuestamente fue acordada en reunión con el binomio presidencial.

A la cita, según la legisladora, acudieron varios jefes de bloque. Los diputados confirmaron el acercamiento pero negaron que hubo dinero de por medio.

Estas acciones evidencian, según el Presidente de la Comisión por la Transparencia, Amílcar Pop, que no existe una oposición real. “Yo no creo que haya una oposición real y lo que hay son acciones de protesta por negociaciones distintas”, señaló.

Y es que las dudas sobre las negociaciones cobran fuerza. Recientemente, se sumó una denuncia de los integrantes de la bancada UNE, quienes señalaron que el artículo 73 del presupuesto aprobado abría la puerta para que la Comisión cambiara el Listado Geográfico de Obras.

Con ello surgían más dudas, las cuales empezaron desde el momento en que los diputados no quisieron compartir el dictamen más que con quienes lo firmaron, y lo sometieron a votación en una sola lectura, lo cual creó más sombras.

“Los votos de los diputados serán pagados con la repartición de Bonos del Tesoro y el Listado Geográfico de Obra Pública», denunció el jefe de Bancada de la UNE, Mario Taracena, señalando que de esa manera el oficialismo busca pagar el apoyo a las reformas constitucionales, aún en discusión en el interior del país.

Inclusive denunciando los supuestos actos de corrupción, seis de los siete diputados que integran el bloque UNE –incluyendo a Taracena– también votaron a favor de la aprobación del presupuesto.

Algunos se preguntan cuánto durará esta luna de miel. Unos aseguran, que la buena racha del oficialismo terminó y muestra de ello es la falta de apoyo a las Reformas a la Constitución, las cuales se pintan cuesta arriba. La semana pasada se esperaba su aprobación pero la mayoría de bloques le dijeron NO al partido naranja y actualmente se encuentran en stand by mientras el presidente Otto Pérez Molina atiende la emergencia en San Marcos.

“Esas reformas, a mi parecer, ya están muertas; no van a pasar”, sentenció Taracena. Pese a las denuncias de las dos agrupaciones que aseguran ser la oposición, más de algún diputado se atreve a decir que estas bancadas han jugado a favor del oficialismo cuando les conviene y sus denuncias no son más que inconformidad por no recibir la porción de pastel que deseaban.

Para el analista político Renzo Rosal estas actuaciones y acusaciones solo evidencian la debilidad del sistema de partidos políticos. “La oposición política en el Legislativo se construye sobre la bases, solo si existen partidos medianamente fuertes y con eso fortalece tener un proyecto de oposición; al no tener esto, nos da como resultado una oposición que existe pero no tiene profundidad”.

El panorama para el próximo año, se torna incierto debido al transfuguismo imperante y los problemas internos del oficialismo, de manera que no se sabe a ciencia cierta cómo jugarán los diputados y bajo qué condiciones lo harán.

Esta situación solo pide a gritos las reformas a la Ley Electoral, las cuales siguen en discusión, pero sin los ‘dientes y colmillos’ que permitan un cambio real en el mapa político.