Como toda fuerza de la madre naturaleza, los movimientos telúricos de la corteza terrestre son impredecibles de determinar tanto en el tiempo como en el espacio, por esa misma condición es imposible establecer con exactitud su magnitud, extensión, momento y localización; lo que sí es posible prevenir son los daños mayores, tanto en lo que concierne a la vida de los seres humanos como a la preservación de los bienes materiales y la infraestructura.
Es bien sabido que Guatemala es un país propicio para los movimientos sísmicos, por ser un territorio con mucha actividad tectónica y volcánica, que debido a la posición geográfica nos sitúa en el Cinturón de Fuego Circumpacífico, sobre una plataforma continental atravesada por tres placas tectónicas que provocan fallas geológicas; Placa del Coco, en la costa Sur del Pacífico, Placa del Caribe, que ocupa toda la parte central del país, incluyendo la zona de fallas Chixoy-Polochic-Motagua y por último, la Placa de Norteamérica localizada en el Norte del país.
La mayoría de las veces o casi siempre, los eventos tectónicos son destructores, tal como ha quedado documentado cada vez que ocurren. Pese a que el país tiene una larga historia sísmica, la primera estación sismológica en Guatemala se instaló en 1925, pero fue hasta 1977 –después del terremoto del 4 de febrero de 1976– cuando por primera vez se instaló la Red Sismológica Nacional.
Debido a la propia naturaleza humana, por regla general este tipo de eventos estremecedores, suelen perturbar el ánimo de las personas provocando diversas reacciones, tales como pánico, desconcierto, incertidumbre, inseguridad y hasta depresión, según sea la intensidad de la experiencia personal que a cada quien le toque experimentar o padecer. Por eso es que, sin duda, el último evento sísmico ocurrido el pasado 7 de noviembre, provocó susto y conmoción entre toda la población, sobre todo, en comunidades del Departamento de San Marcos que fueron las más afectadas por el fuerte movimiento telúrico.
Hasta ahora y según reportes de las autoridades competentes, en cuanto al costo social se contabilizan más de medio centenar de personas fallecidas, cientos de heridos y alrededor de una veintena de desaparecidos, quienes se presume están soterrados bajo los escombros de viviendas destruidas o de los deslizamientos y derrumbes de tierra ocurridos, además de casi medio millón de damnificados y de cientos de unidades habitacionales destrozadas o con serios daños estructurales.
Lo que es evidente y que salta a la vista son las lecciones aprendidas después de la tragedia nacional del terremoto de 1976; ahora el país cuenta con mejor infraestructura vial y de comunicación, con organización y coordinación de los cuerpos de socorro, con construcciones mejoradas y antisísmicas y sobre todo, con la experiencia necesaria para enfrentar este tipo de embates naturales y así poder minimizar los daños.
Aunque siempre nos invade el dolor y la pena por la tragedia ajena, por la pérdida de vidas humanas y por la impotencia ante lo incierto e impredecible. Como sucede todas las veces, este tipo de tragedias suelen golpear con más fuerza a las familias pobres y desamparadas.
Solidaridad con los afectados, entereza para consolar a los deudos y optimismo para seguir la vida, aún en medio de tanta adversidad y dolor.
P.S. Solidaridad con las familias campesinas Q’eqchi’ de la comunidad Candelaria Camposanto del municipio Raxruhá, Alta Verapaz, que denuncian a la empresa maderera industrial “Chiquibul, S.A.”, por usurpar y ocupar terrenos propiedad de los campesinos y por contaminar el río Candelaria, fuente de consumo de los habitantes. También piden a las autoridades del Ministerio Público y Organismo Judicial, atender la denuncia, debido a que no han recibido respuesta a sus demandas.