«Cada vez podemos hacer menos en estos casos”, indicó César Barrientos, presidente de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al ser consultado respecto a las acciones de jueces que resuelven recursos que no son de su judicatura y que despiertan dudas.

De acuerdo con el magistrado, la situación se debe a que la deficiencia que hay en el Organismo Judicial (OJ), para los  procedimientos administrativos existentes para reaccionar ante las faltas cometidas en el servicio de los administradores de justicia.

“La Ley de la Carrera Judicial y las faltas que se cometen en el ejercicio judicial de carácter administrativo están estructuradas de una manera que impiden una investigación efectiva, un procedimiento transparente y sanciones oportunas, indicó, y agregó que es evidente que estás leyes son útiles pero que no son suficientes,  “tienen que mejorarse”.

Según refirió, cuando la CSJ adopta medidas de reacción frente a causas que provocan impacto social, mueve a un juez o lo traslada como suplente, es porque se  considera que las medidas adoptadas convienen al servicio y administración de justicia, pero que no son vistas así por la Corte de Constitucionalidad (CC),  “porque considera que se viola el debido procedimiento o que no es adecuado”.

REFORMAS
Para suplir las deficiencias, señaló que hay una propuesta de reformar la Ley de la  Carrera Judicial, así como la propuesta de reforma Constitucional, planteada en noviembre pasado ante el Congreso de la República.

“Estas reformas buscan procedimientos más exigentes, más trasparentes, que permitan una mayor fiscalización, que respeten reglas administrativas, porque actualmente algunas de estas reglas están confundidas con reglas del debido proceso penal y entonces dificulta el procedimiento administrativo”, enfatizó.

Para el efecto indicó que tienen que revisar todo el procedimiento sancionatorio y disciplinario, toda la conformación estructura y funcionamiento del mismo,  “por eso se está planteando un cambio radical a las leyes de carrera judicial, o al menos están planteadas algunas soluciones, pues solo con las propuestas no se puede alcanzar una ley perfecta, pero si una que permita respetar la independencia judicial, mantener a los jueces que solo están sometidos a la Ley y a la Constitución, tenerlos ajenos a presiones e injerencias”.

Otro problema que mencionó se buscaría solucionar, es fortalecer la actuación de la  Supervisión General de Tribunales,  pues hace la investigación y presenta la denuncia, y en gran medida se desatiende porque no puede continuar por falta de recursos y de personal, explicó.

“La Supervisión de Tribunales no tiene todo el tiempo ni toda la organización para dedicarse a actuar en el proceso judicial administrativo”, acotó.

Oswaldo Samayoa, director de Incidencia Política del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, dijo que al no contar con instrumentos para dar certeza que las actuaciones de los jueces son apegadas a derecho, es necesario que las autoridades sean conscientes para fortalecer así los sistemas de control.

UN CASO
El juez Amílcar Enrique Colindres Hernández, del juzgado Primero de Primera Instancia Penal de Santa Rosa, que resolvió favorablemente el amparo presentado por la defensa de Carlos de León Argueta, en un proceso diligenciado en la capital, también conoció otro caso que no era de su jurisdicción.
El mismo juez resolvió el 8 de octubre de 2011, una exhibición personal a favor de Waldemar Lorenzana, y ordenó su traslado de la cárcel de Alta Seguridad Fraijanes II, a la brigada Mariscal Zavala.
En dicha oportunidad, la defensa accionó también en el Tribunal Tercero de Sentencia Penal, donde se conocía originalmente el proceso.
Colindres Hernández ha sido denunciado cuatro veces ante la Junta de Disciplina Judicial (JDJ). Las denuncias no han sido aceptadas para su trámite, al considerarse que no se cuentan con suficientes indicios de los hechos porque fue señalado, entre ellos un supuesto contubernio con un sindicado.