La Bancada de la UNE presentó una acción de inconstitucionalidad que busca frenar el contrato de usufructo de la Portuaria Quetzal, el cual fue entregado por el gobierno a una empresa española. Según los congresistas, se violentan los artículos 121 y 127 de la Constitución.

“En los artículos se establece que toda la superficie marítima o lo que es el espacio marítimo nacional es de dominio público y por lo tanto a través de una resolución de una entidad autónoma no se puede entregar en concesión. Esto viola la Constitución, ya que establece que las aguas son de dominio público, inalienables e indescriptibles”, explicó el diputado Carlos Barreda.

A esta acción se sumará otra inconstitucionalidad que buscará dejar sin efecto el decreto de intervención de la Portuaria, al considerar que también existe una violación, ya que la Corte de Constitucionalidad ha dado resoluciones en el pasado donde marca la ruta que deben seguir, una es la licitación pública, concluyó el congresista.