Llegar a una edad avanzada (más de 60 años) es una gran meta para un país como Guatemala, en donde a diario vemos niños, jóvenes y adultos morir por razones distintas, desde la violencia, la desnutrición, la falta de atención médica o bien por una vida llena de carreras y ansiedades; por ello, para aquellos que logran alcanzar esa ansiada etapa, es necesaria una consideración no solo moral, sino legal de protección de parte del Estado.
En otros países, denominados desarrollados, estos elementos son fundamentales para su vida en sociedad y luchan, como si fueran consignas de vida o muerte, por un sistema amplio y efectivo de cobertura en seguridad social, que les permita una jubilación digna o un retiro importante de trabajo, luego de quizá dedicarle años a su gestión pública o privada. En todo caso, los Estados en estos países, se aseguran que cuando estas personas no cuenten con su fuerza original y quizá sin un apoyo familiar suficiente, éstos no sean una carga para la sociedad y por ello, les garantizan espacios económicos y sociales suficientes, los cuales por supuesto no reemplazan el amor y la amistad que también requieren como seres humanos, pero al menos les permite terminar una vida en dignidad.
En Guatemala, el asunto es distinto, y es triste conocer los múltiples ancianos que por alguna razón u otra han quedado “huérfanos” de familia y del Estado que les proteja, esperando muchas veces solo la muerte, sin hogares, sin dinero y sin uno de los ansiados bienes del ser humano: la salud. Un anciano dijo una vez: “preferiría estar preso, para tener donde dormir, qué comer y un doctor que me atienda cuando me enfermo”.
Personas con criterios distintos manifiestan sus opiniones, indicando que muchas veces estas personas merecen una vida así, luego de tener un comportamiento no propio durante su vida útil o joven, pero olvidan que muchas veces las condiciones de una persona y su nivel de madurez, llega solamente con etapas educativas y formativas, las cuales no siempre están presentes, especialmente en un país que los aspectos sociales los tiene como última prioridad.
Pero no es posible abandonarlos, ni esconderlos. Muchos de estos subsisten de la caridad, lo cual no es lo mismo que vivir en dignidad, tal y como merece cualquier ser humano. El Estado está en la obligación de mantener un presupuesto suficiente en seguridad social (no solo el IGSS), lo que permita que estas personas que por su naturaleza propia ya no pueden dar todo lo que quisieran, puedan tener una cama caliente para sus huesos descalcificados por el tiempo; tres comidas calientes, atendiendo a sus necesidades mínimas de nutrición; y atención médica que involucre las dosis básicas de laboratorios y medicinas. Por eso sí se justifican las reformas tributarias, siempre y cuando, los listos no nos tomen el pelo para quedarse con el dinero.
Atender a las personas de la tercera edad es una obligación social, del Estado y de cada uno de los ciudadanos, que mientras no tenemos esa situación no pensamos en ellos, pero que no entendemos que tarde o temprano, llegaremos a esa edad, si Dios y nuestro buen juicio lo permiten.