Javier Monterroso, secretario privado del Ministerio Público (MP), se mostró satisfecho ante la aprobación de la Ley contra la Corrupción, pues dijo que para el ente investigador es fundamental contar con la normativa.

“Este era uno de los pendientes para contar con herramientas para combatir este flagelo, para lograr una persecución penal efectiva”, indicó, y agregó que al tipificar nuevos delitos, la Ley permitirá la aplicación de métodos especiales de investigación y aumentará las penas, lo que conllevaría un disuasivo para que no se sigan cometiendo estos ilícitos.

Por aparte, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala manifestó su complacencia por la aprobación de la normativa,  pues considera que ayudará a combatir “un fenómeno criminal y social complejo que causa la ineficiencia e inoperancia del aparato estatal, afectando asimismo su patrimonio”.

“La lucha contra la corrupción debe ser integral y sistémica, fundamentada en la construcción de instituciones públicas sólidas y democráticas. Esto implica necesariamente estructuras legítimas, transparentes y efectivas toda vez que los funcionarios públicos son servidores del pueblo. La aprobación de esta nueva Ley es otro paso en el combate a la corrupción y la impunidad”, dio a conocer la entidad.

Otras instituciones de la sociedad civil también han mostrado su satisfacción. Acción Ciudadana reconoce como un primer esfuerzo por parte del Congreso de la República, la aprobación de la Ley contra la Corrupción, la cual entre otros temas importantes tipifica como delito el Enriquecimiento Ilícito.

Acción Ciudadana solicita al Congreso de la República comprometerse a aprobar el resto de propuestas vinculadas a la promoción de la transparencia, definiendo un procedimiento ágil y público para efectuarlo, pues continúan siendo tareas pendientes del Estado de Guatemala, que fueron asumidas por medio de compromisos internacionales como la Convención Interamericana y la de Naciones Unidas contra la Corrupción, entre ellas: reformas a la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, reformas a la Ley de Probidad de Empleados y Funcionarios Públicos, reformas a la Ley de Servicio Civil, reformas a la Ley de la Contraloría General de Cuentas y reformas a la Ley de Fideicomisos Públicos.

SANCIONES
La Ley contra el Enriquecimiento Ilícito aprobada por 120 diputados, contempla varias figuras delictivas entre ellas la de tráfico de influencias con penas de prisión de dos a seis años e inhabilitación especial.

El decreto 31-2012 de la Ley Anticorrupción cuenta con varias figuras delictivas que contemplan penas de hasta 10 años y multas por Q500 mil. La normativa contó con el respaldo de 120 diputados, nueve votaron en contra y 27 estuvieron ausentes, según la votación que marcó el tablero electrónico.

La Ley cuenta con 47 artículos. Entre los delitos que contempla se encuentra: el Enriquecimiento Ilícito, que lo comete el funcionario, empleado público o quien ejerza funciones públicas y hasta dos años después de haber cesado el cargo, con penas de prisión de cinco a diez años y multas de Q10 mil a Q500 mil e inhabilitación especial.

El delito alcanza a particulares señalando que “quien sin ser funcionario o empleado público administre, ejecute, maneje recursos públicos o bienes del Estado, hasta cinco años después de haber cesado en dicha función, que obtenga para sí mismo, o para cualquier persona, un beneficio patrimonial, incremento en su nivel de gastos o cancelación de deudas u obligaciones que no correspondan al que haya podido obtener derivado de su administración, ejecución, manejo u otros ingresos lícitos”, reza el decreto.

Esta figura contempla pena de prisión de cuatro a ocho años y multa de Q50 mil a Q500 mil. La figura del testaferro es sancionado con penas de prisión de cinco a diez años y multa de Q50 mil y hasta Q500 mil.

El tráfico de influencias contemplado en el artículo 35 establece prisión de dos a seis años e inhabilitación especial. Se establece que si el autor es funcionario o empleado público que se aprovecha de su cargo para cometer ese delito, la pena se aumentará en dos terceras partes. El fraude contempla penas de cinco a diez años e inhabilitación especial, si la operación estuviese relacionada a o destinada a fines asistenciales, la pena será aumentada en dos terceras partes.

Para algunos diputados la presión social fue clave para lograr la aprobación así lo señaló el presidente de la Comisión por la Transparencia, Amílcar Pop. “Esto responde a la demandas legítimas de la sociedad, la ley no sufrió retrocesos, la ley es adecuada”.

GOBIERNO
Luego de una serie de aprobaciones en el Congreso de la República en temas de interés para el Ejecutivo, como préstamos, presupuesto y hasta Junta Directiva, pasó la Ley contra la Corrupción. Sin embargo, pesan sospechas sobre cómo se consiguieron los votos de los parlamentarios.

Desde señalamientos de algunos diputados sobre la modificación del listado geográfico de obras, hasta arreglos debajo de la mesa, que resuenan en la opinión pública pesan sobre la aprobación de ayer. Incluso, partidos de oposición, argumentan que la ley aprobada carece de la fuerza necesaria pues no contempla figuras como la evasión fiscal como enriquecimiento ilícito.

Sin embargo, Francisco Cuevas, secretario de Comunicación Social de la Presidencia, afirmó que para el Ejecutivo, “el interés es trabajar por establecer mecanismos que sustenten la lucha contra la corrupción y la transparencia constituye un eje importante en el trabajo del Gobierno”, y agregó que “invariablemente la oposición siempre criticará porque de esa manera obtienen espacios públicos, pero la crítica nunca está respaldada con pruebas y ello me hace afirmar que es su estrategia de presencia”.

COBRO PREVIO
Renzo Rosal, analista político de la Universidad Rafael Landívar, dijo que la aprobación de la ley es positiva, pero que sería evidente que la agenda legislativa está supeditada a las directrices del Ejecutivo y que se observa el fenómeno de inicios de año, cuando se aprobaron decretos como la Actualización Tributaria, la creación del Ministerio de Desarrollo, entre otros de manera inusualmente rápida.

“El acelerador lo pone el Ejecutivo”, agregó Rozal, pero también manifestó que esta vez la aprobación pudo deberse a órdenes directas de alto nivel y a pesar de que los diputados se sientan incluidos en la ley también los incentivos para votar a favor debieron saldarse antes, con la aprobación del Presupuesto 2013 y la distribución geográfica de la inversión pública.

Por aparte, Carlos Martínez, del área socioeconómica del Instituto de Investigación y Análisis de los Problemas Nacionales de la Usac (Ipnusac), afirmó que en esta ocasión la presión social ejerció un rol importante, más no se considera un desbloqueo de la agenda legislativa sino “un agotamiento político del Congreso en cuanto a bloquear la aprobación de esta ley”, pues “pasaron” rápidamente el presupuesto y no habían hecho nada que hiciera avanzar el proyecto ahora convertido en ley.