La intensa e incansable presión realizada por un puñado de guatemaltecos para forzar al Congreso a la aprobación de la Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito terminó dando frutos, no obstante la absoluta falta de voluntad tanto de los diputados como de sus titiriteros, es decir, quienes se encargan de juntar los votos para que se aprueben las cosas que les interesan. Hizo falta demostrar que el gobierno de Pérez Molina tiene la sartén por el mango para evidenciarlo de manera rotunda como responsable de la no aprobación de esta importante ley para que al final cedieran dando la aprobación.

Pocas leyes han tenido un recorrido tan tortuoso desde que se presentan hasta su aprobación como esta ley que algunos llaman ley contra la corrupción. El primer problema que hubo que vencer era la resistencia de importantes sectores a que la misma fuera pareja y que se aplique a todo sinvergüenza, sin importar si es funcionario o no. Muchos condenan la corrupción de los funcionarios y políticos, pero se hacen de la vista gorda de quienes son sus cómplices en ese tipo de negocios y así querían que la ley castigara únicamente el enriquecimiento ilícito de quienes desempeñan función pública, pero dejando al margen a los contratistas y proveedores que son los que pagan las jugosas mordidas o reparten las extraordinarias ganancias de los sobreprecios.
 
  Nos sentimos orgullosos de que La Hora haya sido una de esas voces que nunca se cansaron de reclamar la aprobación de la ley. Sabemos, desde luego, que la misma no es una panacea y que el país no va a cambiar mágicamente sólo porque tenemos una ley contra el enriquecimiento ilícito. Siempre recordamos que “hecha la ley, hecha la trampa”, pero cuando menos está ya un instrumento para que nuestra presión social produzca resultados efectivos.
 
  Creemos que todos queríamos algo más fuerte, más contundente y más efectivo, pero muchas veces lo perfecto es enemigo de lo posible y por buscar la perfección se fracasa en dar siquiera algunos pasos para adelante. Esta ley es un paso adelante y la tendremos que perfeccionar en el camino, además de que hemos de exigir al Ministerio Público que la aplique seriamente en investigaciones sobre corrupción en las que está en amplia deuda con la ciudadanía.
 
  Porque de nada sirve la ley si no se investiga a los ladrones. Entre la Contraloría y el Ministerio Público hay una enorme responsabilidad por apañar la podredumbre administrativa y por no perseguir y encausar a los pícaros políticos y empresarios que se clavan el dinero que debiera servir para atender las necesidades sociales. Ahora tienen una excusa menos y se los hemos de recordar a cada rato.
 

MINUTERO:
La ley contra enriquecimiento
pasó tras muchísimo sufrimiento;
ahora nos urge su estreno
que será el principio del freno