En el Juzgado Quinto del Ramo Penal, este día se reactivó el caso contra Jacobo Salán Sánchez y Napoleón Rojas Méndez, sindicados del delito de peculado por el supuesto desvío de Q30 millones, de los Q120 millones del Ministerio de la Defensa, por el cual enfrenta proceso el expresidente Alfonso Portillo.

El proceso penal en contra de Salán Sánchez y Rojas Méndez, se encontraba en situación de impasse desde febrero del 2011, cuando fueron enviados a juicio por el juez Quinto Penal.

Durante la diligencia programa para este día, el Ministerio Público (MP) tenía previsto realizar el ofrecimiento de prueba que a diligenciar cuando dé inicio el debate oral y público en contra de los exfuncionarios.
No obstante, durante la audiencia la defensa de los exmilitares, plantearon una actividad procesal defectuosa y pidieron que el caso regresara al 2010, cuando el entonces juez Quinto, Marco Antonio Villeda realizó la audiencia de reforma del delito para Salán Sánchez.
Esto fue realizado el 6 de diciembre de 2010, donde a petición del Ministerio Público, se reformó el auto de procesamiento dictado en contra de Salán Sánchez, por el delito de encubrimiento propio al delito de peculado; asimismo en dicha ocasión el Juez Quinto elevó el monto de la caución económica decretado por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, de Q1 millón a Q3 millones.
Según los abogados, hubo vicios durante esta la diligencia. No obstante, el actual juzgador declaró sin lugar el requerimiento aduciendo que no era el momento para la solicitud.
Mientras tanto, se programó para el próximo 20 de diciembre, la aportación de pruebas para el debate.
La apertura a juicio, también había sido apelada por la defensa; sin embargo, el pasado 27 de septiembre, la Sala Tercera de Apelaciones declaró sin lugar el recurso y confirmó su envió a debate. También declaró improcedente la petición de la Contraloría General de Cuentas de la Nación (CGN), que solicitaba ser incluida en el proceso contra los dos ex funcionarios.

LOS HECHOS
A Salán Sánchez y Rojas Méndez, quienes fueron parte del equipo de seguridad del ex presidente Portillo, se les acusa de trasladar de Q30 millones  provenientes de la transferencia presupuestaria a favor del Ministerio de la Defensa Nacional número 16-2001 por un monto de Q120 millones.
Las pesquisas refieren que el traslado fue hecho hacia el Crédito Hipotecario Nacional (CHN) el 5, 6 y 9 de marzo de 2001.
La suma millonaria  supuestamente fue sustraída por Alfonso Antonio Portillo Cabrera, Eduardo Arévalo Lacs, Manuel Hiram Maza Castellanos y miembros del departamento de Finanzas del Ejército de Guatemala.
No obstante, el 9 de mayo del 2011, el Tribunal Undécimo de Sentencia absolvió por mayoría del delito de peculado Portillo y a los demás implicados.
En el proceso, el próximo año se conocerá la apelación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), quien actúa como querellante adhesivo en el caso.