Pobladores de San José La Paz, Tajumulco, San Marcos mantienen retenidas a ocho personas, entre ellas el auxiliar departamental de la Procuraduría de Derechos Humanos, dos trabajadores de la empresa Instalcobra y cinco policías, esto como una medida de presión para que Energuate desista de un proceso contra el líder comunitario, Florián Juárez Orozco, contra quien se ordenó prisión preventiva desde el 19 de septiembre, así como para que se dejen sin efecto las órdenes de captura contra otros dirigentes.

El 25 de octubre, varias personas de San José La Paz, retuvieron a Luis Eduardo Fuentes y José Chichivix, empleados de una empresa de mantenimiento de redes eléctricas Instalcobra, subcontratada por la distribuidora Energuate.
El auxiliar de la PDH, Arturo González, acudió al lugar luego de ser informado de la retención de las personas antes mencionadas para iniciar una negociación junto con el gobernador departamental Luis Rivera. Sin embargo, éste no acudió a la cita por lo que los pobladores decidieron agarrar como rehén también al auxiliar.

Los 5 agentes retenidos son de la Oficina de Responsabilidad de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes llegaron ayer al poblado para negociar la liberación de los trabajadores y el auxiliar de la PDH, pero también fueron retenidos.

Froilán Juárez Orozco es procesado en el Juzgado de Primera Instancia de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de la ciudad capital por supuesto robo de energía eléctrica. De acuerdo con los pobladores del sector, Juárez Orozco fue capturado sin justificación alguna.
Por lo que el Procurador de Derechos Humanos,  Jorge de León Duque, demandó y exigió a los captores el pleno y total respeto a la vida e integridad física y psicológica de los detenidos, así como la inmediata liberación, señalando que “ningún argumento ni pretexto justifica que nadie sea sometido a tratos inhumanos como el que ahora tienen las personas retenidas”.

Pidió al Juez de Paz realizar de manera urgente e inmediata el recurso de exhibición personal solicitado a favor de las personas retenidas y al Organismo Judicial prestarle todo el respaldo a dicho recurso.

Asimismo a todas las instancias correspondientes de Gobierno realizar de manera urgente sus mejores esfuerzos para restablecer la comunicación y el diálogo con la comunidad con la intención de atender la conflictividad generada por los cobros de energía eléctrica tanto pública como domiciliar, buscando soluciones apegadas al respeto a las garantías, libertades y derechos que favorezcan la inmediata liberación de las personas.

De León Duque pidió a los líderes sociales que sean protagónicos y que contribuyan con responsabilidad a bajar el nivel de tensión, para evitar que se generalice o se exacerben las contradicciones que existen en esa comunidad.

Además, hizo un llamado a no entremezclar los reclamos históricos de carácter económico social, con la defensa de personas que supuestamente han cometido hechos ilícitos y que podrían ser parte de la delincuencia organizada.

Dijo que estos brotes de conflictividad se van generalizando trayendo consigo una ingobernabilidad que debe tener solución en el diálogo y las propuestas serias, por lo que reitiró el llamado a “deponer este tipo de actitudes, para que sea en una mesa de diálogo franco, sincero y responsable donde se solucionen los problemas de este país”.