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El pasado 2 de octubre, cuando el tribunal Sexto del Ramo Penal dictó sentencia condenatoria contra Eduardo Meyer, expresidente del Congreso de la República y contra Raúl Girón, Gerente General de Mercado de Futuros (MDF), por la pérdida de 82.8 millones, todo el mundo puso el grito en el cielo ante la mínima pena a la que fueron condenados.
Y es que en la actual legislación los delitos de corrupción reciben penas muy bajas y casi todas conmutables; esto contrasta dramáticamente con la cantidad de dinero que  funcionarios o exfuncionarios procesados logran desviar a sus cuentas.

Cuando Meyer fue sentenciado, el Ministerio Público (MP) se manifestó diciendo que a pesar que las sentencias fueron condenatorias para ambos implicados, la Fiscalía confirma la necesidad de la aprobación de la ley contra el enriquecimiento ilícito (LEI), porque de esa forma contarían con las herramientas legales necesarias para solicitar sanciones más elevadas y severas en contra de funcionarios que cometen actos de corrupción.

DE LOS ACTUALES EL MÁS GRAVE
Con la LEI las autoridades también buscarían incidir a quienes inician su paso en el amplío camino de la corrupción, porque  con la actual normativa el delito de corrupción que podría considerarse como el más grave por la pena que impone es el de peculado,  con una sanción de prisión de uno a diez años y multa de quinientos a cinco mil quetzales.
Es aquí cuando cobran sentido las declaraciones de funcionarios del MP, que piden herramientas para trabajar. Raquel Sáenz, jefa de la fiscalía anticorrupción, en declaraciones anteriores manifestó que la aprobación “vendría a reforzar los tipos penales que ya está creados; crearía nuevos tipos, modificaría las penas y  facilitaría la persecución”.

Javier Monterroso, asesor de la Fiscal Claudia Paz y Paz, explicó que las actuales armas con que cuenta la fiscalía anticorrupción son los delitos de malversación, peculado, peculado culposo, cohecho activo, cohecho pasivo, incumplimiento de deberes, entre otros. Estos son imputados en funcionarios públicos y no en particulares.

Por ejemplo en una obra que no fue ejecutada, el funcionario podría ser ligado por incumplimiento de deberes, y el particular podría enfrentar delito por estafa, mencionó.
Mientras que el Ministerio  Público trabaja con lo que tiene, en el Congreso parece que no se trabaja para aprobar la ley que todos los sectores aclaman. En tanto, los casos por corrupción siguen saliendo a la luz,  y la multa y pena de prisión que establece la normativa vigente continúa persuadiendo a que los mismos se sigan cometiendo.

A continuación una lectura de algunos casos de corrupción que se diligencian en los tribunales.

CASO ALCALDE DE ANTIGUA
Uno de los casos más mediáticos fue el de Adolfo Vivar Marroquín, alcalde de Antigua Guatemala, capturado el 13 de septiembre en su residencia. En el operativo para hacer efectiva su aprehensión la Fiscalía de Lavado de Dinero u Otros Activos, también capturó a nueve personas más. El motivo: la supuesta  creación de diez empresas a nombre del jefe edil, familiares y personas cercanas a su círculo, con las cuales se habría realizado el desvío de Q23 millones 435 mil 422.80.

Por este caso, el jefe edil de la comuna antigüeña, así como su tesorero se encuentran sujetos a proceso por los delitos de peculado, lavado de dinero, concusión, fraude y asociación ilícita.  Otros nueve quedaron ligados por asociación ilícita, lavado de dinero y caso especial de estafa.

En una suposición, sí Vivar fuera  encontrado culpable y la fiscalía pidiera las penas máximas por los delitos de corrupción contemplados en el Código Penal (peculado, concusión y fraude), enfrentaría una pena máxima de 15 años.

CASO CONTRA EX FISCAL GENERAL
Carlos de León Argueta, ex fiscal general y ex jefe del MP, fue detenido tras un gran operativo realizado el pasado 24 de mayo.  La Fiscalía contra la Corrupción lo buscaba por una acusación de lavado de dinero y cohecho pasivo.

Según el MP el Fondo Nacional para la Paz le depósito Q50 millones a la organización no gubernamental (ONG) Asociación para el Desarrollo Integral de Guatemala (Asodegua), para la ejecución del proyecto habitacional Peñaflor, en Siquinalá, Escuintla.
Un avalúo determinó que el proyecto estaba sobrevalorado en Q13 millones 164 mil 235, pues en el mismo únicamente se gastaron Q36 millones 835 mil. Las pesquisas del establecieron que Asodegua presuntamente trasladó Q9 millones a 3 compañías, una a nombre de De León Argueta.

Aunque el día de su captura, Silvia de León Santos, jueza Sexta del Ramo Penal, declaró falta de mérito en las investigaciones, la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones le enmendó la plana, pues ya que ordenó que el ex funcionario sea citado para ser ligado a proceso, al considerar que fue precipitada la decisión de decretar falta de mérito.
De los delitos que buscan imputarle, el de lavado de dinero está contemplado en otra normativa, pero cohecho pasivo, considerado de corrupción, está tipificado en el Código Penal guatemalteco, y establece una pena máxima de cinco años y multa máxima de tres mil quetzales.

CASO DEL ZOOLOGICO
Rosa María Pérez Morales, ex  administradora del Zoológico La Aurora, María Antonia García Ceballos, ex tesorera de la entidad y una tercera persona –que aún no ha sido capturada–, son acusadas por la fiscalía contra la corrupción por el desvió de dinero de la entidad por medio de simulación de pagos.

Según la acusación del MP, en el periodo comprendido de enero de 2006 a finales de 2007, por medio de simulación de pagos a personas ficticias y por servicios que nunca fueron presentados, sustrajeron que se sustrajera un monto de Q3 millones 949 mil 144.89.

La acción, según el MP, encuadra los señalamientos en el delito de peculado en forma continuada, el cuál, sin el agravante tiene una pena de tres a diez años y multa de quinientos a cinco mil quetzales.

CASO DARÍO MORALES
El ex diputado Rubén Darío Morales, es sindicado de haber autorizado una inversión de Q16.2 millones de quetzales del Congreso de la República en la casa de Bolsa Mercado de Futuros S.A (MDF). De esta cantidad, la fiscalía señala que recibió 600 mil quetzales en su cuenta bancaria.

El pasado 28 de marzo, el juzgado Quinto del Ramo Penal, resolvió enviarlo a juicio. El Ministerio Público (MP) lo acusa de los delitos de lavado de dinero y concusión.
En este caso, el delito que encuadra en corrupción es de concusión, con sanción máxima de tres años y una multa de trescientos a tres mil quetzales.

*Con información de Jody García