La situación de los Derechos Humanos en el país sigue acaparando la atención y preocupación de la comunidad internacional, debido a los altos índices de la violencia, a la impunidad por el mal sistema de justicia, la discriminación a los pueblos indígenas y la restricción a las libertades fundamentales, que son algunas de las principales amenazas que debilitan el sistema nacional de protección de estos derechos.
Esta semana, el Estado de Guatemala fue sometido al Examen Periódico Universal EPU, un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que tiene el propósito de mejorar la situación de los derechos humanos, que revisa el cumplimiento de las obligaciones y compromisos que en esa materia tienen los 193 Estados Miembros.
En este espacio internacional, el Estado de Guatemala fue examinado sobre los avances logrados en cuanto a compromisos adquiridos en los últimos cuatro años, es decir, el examen fue dedicado a revisar el cumplimiento de compromisos asumidos por los funcionarios del Gobierno anterior. En otras palabras, aún no es el momento para examinar las actuaciones del actual régimen oligárquico militar neoliberal.
Para realizar el examen de cada Estado, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU utiliza tres fuentes de información: a) Un informe nacional sobre la situación de derechos humanos en el país, preparado por el Estado examinado; b) Una compilación preparada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que contiene información de los órganos de tratados, los procedimientos especiales, y agencias de las Naciones Unidas; y, c) Un resumen preparado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con información enviada por organizaciones de la sociedad civil. Varias organizaciones sociales guatemaltecas presentaron informes alternativos, denunciando las acciones y omisiones violatorias de derechos humanos, cometidas por el Estado.
Por ejemplo, con respecto a las libertades de expresión, emisión del pensamiento e información, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, aprobó una resolución instando a los Estados a investigar los crímenes contra periodistas y facilitar su trabajo, sobre todo de quienes se encuentran en situación riesgosa; asimismo insta a promover un ambiente idóneo donde los trabajadores de la información puedan desempeñarse con independencia y señala la necesidad de darles mayor protección, así como a las fuentes. Entre las recomendaciones para Guatemala, se refieren a que el Estado adopte e implemente un Programa de protección de periodistas, que fortalezca la Unidad de delitos contra periodistas del Ministerio Público (MP), que sea evaluada la ley de telecomunicaciones, calificada por las Relatorías especializadas de la Organización de Estados Americanos OEA y la ONU, como antidemocrática, excluyente y discriminatoria, alejada de los estándares internacionales vigentes.
Para Guatemala el examen no estuvo exento de cuestionamientos, algunos países pidieron abolir la pena de muerte, otros se refirieron a la masacre del 4 de octubre y la ejecución extrajudicial de 6 indígenas de Totonicapán. Por ahora, hay que esperar el “informe final”, mientras tanto, la comunidad internacional reconoció la voluntad del Estado guatemalteco, por adherirse a la Corte Penal Internacional y ratificar el Estatuto de Roma, por la promulgación de la Ley para Prevenir, sancionar y erradicar la Tortura y la Ley en contra del Femicidio.
Gran Bretaña y Suiza lamentaron el asesinato de los 6 campesinos de la Cumbre de Alaska. “Los sucesos del 4 de octubre demuestran lo frágil del pacto de Seguridad y Justicia, nos preocupa la discriminación indígena”, dijo el delegado suizo.
En tanto, Estados Unidos criticó que las condenas en la masacre de Las Dos Erres y otros casos emblemáticos importantes son todavía muy bajas, aunque reconocieron que los casos siguen avanzando.