La CICIG ha manifestado, en repetidas ocasiones, la necesidad de depurar el Poder Judicial, pues señala que la corrupción es la clave de la impunidad. Mientras tanto, analistas y jueces respaldan las propuestas, siempre y cuando se respeten las garantías de los juzgadores.

Haroldo Vásquez, presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados (AJMOJ), en relación a la depuración de jueces en el Organismo Judicial, dijo estar de acuerdo con la transparencia que se busca, pero que requieren “reglas claras”, para que los señalamientos no sean como “bombas al aire”.

Esto porque según Vásquez, para no afectar el sistema de justicia, los señalamientos de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), de la posible comisión del delito de prevaricato por parte de los juzgadores, deben ser serios y objetivos, “acompañados de nombres y apellidos; de hechos concretos y de la prueba correspondiente”.

“Estamos abiertos a la transparencia, a las investigaciones, pero necesitamos objetividad; que se digan las cosas con las pruebas en la mano”, enfatizó.

Por su parte, Ramón Cadena, de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), aseguró que, efectivamente, hay serios problemas de impunidad dentro del Organismo Judicial (OJ).

También refirió que los tribunales de justicia son lugares propicios para la impunidad y corrupción, porque los jueces siempre están en una posición donde las partes y los intereses externos van a presionarlos o a ofrecerles beneficios a cambio de una justicia parcial.

“Son funcionarios públicos que pueden caer fácilmente en la tentación de beneficiar a sectores, a cambio de otro beneficios”, indicó y agregó que para ello que hay que reformar la Constitución de la República y fortalecer la independencia.

No obstante, exhortó a apoyar a aquellos jueces que sí están cumpliendo con su función.

AMPLIACIÓN DE LA VOZ
Por su parte, Marco Antonio Canteo, analista de Seguridad en Democracia (Sedem), dijo que el pedido de la CICIG ha amplificado la voz de los guatemaltecos ante una demanda histórica: lograr  un poder judicial independiente.

En relación a los puestos vitalicios para los jueces que propone el comisionado Francisco Dall´Anese, mencionó que los estándares a nivel internacional van orientados en esa dirección, pues “un puesto estable garantiza la independencia”, pero a la vez deben existir sistemas de ingresos que permitan que los mejores jueces lleguen a las instancias administradoras de justicia.

FORTALECER FISCALIZACIÓN
Javier Monterroso, asesor del despacho del Ministerio Público (MP), expuso que el ente investigador también está de acuerdo con la depuración, pues manifestó que “es positiva siempre y cuando se respeten las garantías constitucionales y jurídicas”.

No obstante, refirió que el principal problema que tienen las instituciones del sector justicia para esta acción, es un deficiente marco normativo, porque tanto la Ley del Organismo Judicial, como la Ley Orgánica del MP, “presentan dificultades fuertes para poder remover a funcionarios que se merecen ya no trabajar en las instituciones”.

Refiriéndose a un carácter vitalicio para los togados, indicó que debe acompañarse de un sistema de evaluación de desempeño, de un sistema de evaluación y un sistema disciplinario fuerte, para garantizar que lo inamovible no se convierta en un “cheque en blanco”.