Hoy se realizó el tercer foro sobre  la propuesta de reforma a la Constitución en los temas de Seguridad y Justicia, en donde se plantea la creación de la carrera judicial, duplicar el presupuesto del Organismo Judicial, separación de las funciones administrativas de las jurisdiccionales, así como la intervención del Ejército en las tareas de seguridad ciudadana.

Sandino Asturias, del Centro de Estudios de Guatemala, indica que este es el tema más complicado de todas las reformas planteadas por el Ejecutivo, principalmente en la intervención del Ejército en las tareas de seguridad ciudadana, ya que esto ha provocado una tragedia; pero lo que se tiene es una posición unánime de sacar al Ejército de estas funciones.

Asturias indica que lo que se necesita son fuerzas institucionalizadas y fortalecidas de la Policía Nacional Civil (PNC), para hacerse cargo de la seguridad, y un ejército especializado en la protección naval y aérea, lo cual le corresponde siendo lo complementario, pero la seguridad ciudadana y pública es una función específica del Ministerio de Gobernación y de la PNC.

Además expresa que se comparte la idea de quitarle las funciones administrativas al que tiene como responsabilidad el ejercicio de la justicia, es decir, que es importante diferenciar las funciones, “una cosa es la administración de justicia y otra el manejo del dinero”; por lo tanto, hay que quitarle las funciones administrativas financieras al Organismo Judicial habiendo un órgano competente administrativo como un Ministerio de Justicia para la administración de los fondos, dijo Asturias.

Según el analista en seguridad, las reformas constitucionales hay que profundizarlas, “si nos vamos a meter a temas de reformas constitucionales debe valer la pena; son muy tímidas, no son progresivas y progresistas, por lo tanto han generado un rechazo nacional, entonces no tiene sentido entrar a un proceso para reformar la Constitución donde habrá más desgaste y menos capacidades de manejo político para avanzar en el país”.

SIN ELIMINAR TRÁFICO DE INFLUENCIAS
Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, señala que se encuentran en total desacuerdo en la mayoría de las propuestas de reforma constitucional planteadas por el Ejecutivo en los temas de justicia y seguridad, ya que si bien se abordan los temas adecuados y la temática para esta, la redacción de los textos y el contenido no están del todo bien.

Coincide con lo planteado por Asturias al asegurar que se le sigue dando al Ejercito la participación de seguridad ciudadana, pero ahora elevado al rango constitucional, por lo que no es una buena propuesta después de los sucesos en Totonicapán, por lo que no soluciona en nada las reformas en el tema de justicia.

Además expresa que tampoco es buena la redacción o cómo concibe el Presidente los mecanismos para la elección de los magistrados, porque no soluciona el tráfico de influencias, no limita la arbitrariedad y discrecionalidad; en todo caso lo que hace es que las influencias se puedan dar más “baratas” porque quita la participación gremial por miembros electos en asamblea.

Entre tanto, Francisco Dall’Anese, comisionado de la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala), dijo que este es un tema de vital importancia, puesto que la Constitución es la base del ordenamiento jurídico, es la que define las líneas maestras del Estado, y en este caso –como se debe– tiene que establecer la prevención del delito y cómo combatir la impunidad para impartir justicia.