El oficialismo decidió mostrar en estos momentos críticos, cuando se ha polarizado la situación del país tras los sucesos de Totonicapán, su determinación de trabajar en alianza total con el sector privado organizado y les entregó nada más y nada menos que la Presidencia del Congreso de la República para que puedan tener control, entre otras cosas, sobre el tema del tráfico de influencias que se contempla en la Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito. Ya el diputado Pedro Muadi cuestionó seriamente la normativa por considerar que la misma podría afectar las “gestiones” que se realizan “normalmente” con funcionarios de parte de las empresas del país que tienen contratos con el Estado.
Pero además de la importancia que tendrá la Presidencia del Congreso en el trámite de las leyes contra la corrupción, para evitar que las mismas se puedan aplicar a particulares y asegurar que únicamente se refieran a funcionarios y empleados públicos, está el hecho de la postura empresarial en el marco del conflicto por las protestas populares que son consideradas como un delito y grave alteración del orden público.
Los colegas de quien será el futuro Presidente del Congreso han dicho categóricamente que no dialogarán con “delincuentes”, calificación que asignan a todos los que realizan protestas con medidas de hecho. Falta ver si esa misma línea tendrá entonces la Presidencia del Legislativo, tomando en cuenta que se trata de la coordinación práctica y cotidiana de la máxima representación nacional que tiene que ser el crisol de ideas, discusiones y hasta controversia que requieren de diálogo y entendimiento.
Normalmente la designación de un Presidente del Congreso, que compete al Pleno aunque en esta ocasión se haya decidido en la Casa Presidencial, se analiza respecto a las cualidades individuales del designado, pero cuando fue público durante la campaña que el Partido Patriota le cedió ciertas curules a los empresarios organizados y que una de ellas fue para el nuevo Presidente del Congreso, es obligado entender que además de haber sido electo difusamente en el listado como representante del pueblo, es indudablemente representante formal de los empresarios por la jerarquía de sus anteriores funciones en la cúpula empresarial y porque ese fue el factor que le llevó al Organismo Legislativo.
No es para nada sorprendente que esta alianza se haya fortalecido porque ha sido obvia en muchos campos y especialmente en la forma en que el Presidente y los empresarios abordaron con visión compartida el tema del tráfico de influencias. Simplemente es cuestión de tomar nota que en este momento de máxima polarización, el Gobierno juega sus cartas.
Minutero:
Las leyes de transparencia
castigarán al funcionario
pero nunca habrá pendencia
si el que roba es empresario