En la actualidad circulan en el Congreso de la República iniciativas de ley que merecen analizarse detenidamente. Las primeras se refieren a los proyectos de ley de Enriquecimiento Ilícito y Eliminación del Secreto Bancario, ambas sustentadas en convenciones internacionales que buscan generar condiciones homólogas entre países con lo cual se genera una plataforma común de marcos legales y así los países encuentran puntos de coincidencia entre sí y facilita la coordinación y el comercio.
En el caso de la primera, hemos visto las tácticas dilatorias que han utilizado los partidos políticos mayoritarios para retrasar su discusión y su aprobación definitiva, sabiendo que sus intereses convergen en cuanto a la necesidad de bajarle el tono, reducir su fuerza y debilitar en su contenido. Hacen caso omiso que una ley como esta apunta a construir una plataforma legal moderna y que permitiría que el país reduzca las prácticas comunes de corrupción, que ha sido una constante durante la vida del país, pues evitaría que cualquier funcionario o empresario se enriquezca a partir de las comisiones, prebendas y negocios derivados del presupuesto de gobierno y que haga difícil comprobar excedentes financieros más allá de sus ingresos documentados.
En el caso del proyecto de ley de Eliminación del Secreto Bancario, también responde a una convención internacional, que permitiría, principalmente, contribuir con la institución tributaria y atacar la evasión. Por otro lado, supervisar los montos provenientes del lavado de dinero y que aseguraría golpear al narcotráfico en sus finanzas, hecho que es menos peligroso que adentrarse en una lucha frontal con el ilícito, fuera que resultaría desequilibrada, equivocada y suicida. Sin embargo, tampoco resulta una iniciativa agradable a los ojos de las élites y sus comprados diputados, pues saben que tanto la de enriquecimiento ilícito como la de eliminación del secreto bancario, pone en jaque los enormes negocios pactados entre diputados, funcionarios de gobierno, alcaldes, concejos municipales y empresas relacionadas. Tampoco se visualiza la importancia que tiene esta iniciativa de cara para el futuro del país en su clima de negocios, así como dejaría a los políticos haciendo un trabajo más concentrado en la construcción de un país diferente, mientras que hoy solo engrosan sus billeteras, cuentas y activos.
La otra iniciativa es la ley de Competencia, misma que también responde a una convención internacional con el propósito de generar competencia en el tejido empresarial, buscando reducir las prácticas desleales de comercio, evitar los monopolios y oligopolios, afectar la concentración de empresas y los precios administrados. Sin embargo, la misma iniciativa se hizo buscando mantener los privilegios. Se crea una comisión adscrita al Ministerio de Economía, es dirigida por representantes del gobierno y las cámaras empresariales (en donde éstas tienen mayoría). Todo este esfuerzo propicia conflictos de interés con los empresarios, pues pasaría a ser juez y parte. Esta iniciativa también se inscribe en la búsqueda de profundizar un mercado más abierto, más competitivo y donde la competencia asegure un juego amplio de oferta y demanda, sin privilegios de ningún tipo, en fin un paso a la modernidad económica y la ampliación del mercado con competencia abierta entre agentes y donde todas las empresas puedan entrar y salir del mercado, sin ningún obstáculo.
Parece que congelar cualquier iniciativa que aborte la problemática de la corrupción es la consigna, con lo cual nos configura en el país de la opacidad, así como nos retrasa en las posibilidades de avanzar en la modernidad económica. Si a ello se suma la sesgada iniciativa de ley de Competencia, el cuadro no resulta más que dramático y nos presenta como un país con una visión sumamente limitada en su futuro económico, pues se persiste en mantener los privilegios de siempre.