Los obstáculos que ha enfrentado la ley contra la corrupción no son nuevos, al parecer ese mismo rechazo sufrieron otras leyes que en algún momento se consideraron sensibles para un grupo que vio en riesgo sus intereses.

Algunos diputados recordaron proyectos como la ley de comisiones de postulación, que permite mayor auditoría y participación social de las organizaciones para la elección de cargos importantes, la ley de extinción de dominio que permite despojar del patrimonio a las personas que lo han adquirido mediante actividades ilícitas.

El proyecto que dio vida a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), también provocó que a algunos diputados se les pusieran los pelos de punta. La ley de acceso a la información también debió pasar un largo recorrido para ver la luz legal. Pese a esta normativa, todavía existen instituciones que se rehúsan a entregar la información solicitada.

De manera que la ley contra la corrupción no será la primera, pero tampoco será la última, aseguran en pasillos parlamentarios. Sin embargo, las estrategias para frenarla han sido más que evidentes, el último intento fue presentar enmiendas sin nombre ni apellido con el único propósito de dejarla en el olvido. Sin embargo, la mesa de seguridad y justicia realiza un nuevo intento para revivirla.

Este jueves se acordó que las organizaciones de la sociedad civil que participan en la mesa, presenten un informe sobre el artículo 35 que tipifica el tráfico de influencias, delito que al parecer es el que despierta mayor preocupación a los diputados.

Se espera que la redacción quede acorde a lo que establece la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Otros proyectos que le auguran igual escenario es el paquete de transparencia, que contempla iniciativas de ley para fortalecer instituciones como la Contraloría General de Cuentas, Superintendencia de Administración Tributaria, entre otras, el rechazo hacia los temas se debe a que obligan a mejorar y transparentar el gasto público.