Tras nueve meses de Gobierno, creo que los temas que han predominado la agenda son los detallados en el titular de la presente columna. A los que nos interesa el país por encima de todas las cosas, nos preocupa el rumbo que llevamos porque además de ser similar al que se mantuvo en los últimos gobiernos, nos sigue hundiendo en el subdesarrollo crónico.

El Gobierno ha empeñado todas sus fuerzas en un negocio como el del puerto, del que lastimosamente mucha gente no dice nada porque “como era necesario”, el fin justifica los medios y utilizan un rasero totalmente distinto del que se usa para medir el bloqueo de las carreteras, a pesar que para el país tan dañino es el bloqueo al comercio, como la podredumbre para “justificar” ese mismo comercio.

El tema del puerto, además, llevó al Presidente y su equipo a romper su promesa de transparencia y ponerlo a la par de sus antecesores. Es evidente que nos están queriendo ver la cara a todos, puesto que públicamente el Presidente dice que los diputados deben apoyar la Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito, pero los diputados nos demuestran que son compadre hablado porque aprueban a toda prisa los préstamos, pero no le entran ni le van a entrar a la ley de transparencia y, además, tienen a una sociedad civil sirviendo para debilitar el tráfico de influencias.

El diálogo ha funcionado a la perfección, pero sólo con los financistas de campaña y para aquellos que sin haberlo sido, están dispuestos a servir los oscuros intereses y a mantener un aparato de influencias y privilegios que les permita ser amos del poder durante cuatro años, siendo gestores oficiosos de los grandes y ocultos poderes del país, que aseguran su inversión desde el financiamiento de las campañas.

Tras el negocio del puerto, ya nos habían avisado que la desfachatez no tenía parangón y nos salieron con una ley de minería hecha a la medida de los financistas y traficantes de influencias, luego que abiertamente vinieron a cabildear para lograr una legislación que favoreciera a toda costa a aquellos que en “nombre del desarrollo” están dispuestos a deshacer sin ninguna restricción los recursos  de un país.

Así como existió un Marroquín en el puerto, ahora existe un Archila a quien, igual que al Interventor, su nombre y decoro les vale gorro porque saben que en este país la decencia es algo anticuado. Nuestros funcionarios y sus pares contratistas son gigantes para la trampa, pero son pigmeos para la honradez y los principios.

Y no es que uno se oponga a las cosas que en esta vida nos puedan dar prosperidad. Al contrario, yo soy de los más interesados en que el país crezca porque entiendo que si no logramos generar oportunidades para nuestra gente, no fortaleceremos el mercado y al no lograrlo, cada vez menos personas podrán acceder a nuestros productos que fabricamos o servicios que prestamos.

El tema de la solidaridad, el tema de que los que hoy más tenemos contribuyamos más, con reglas de transparencia, para que los que vienen atrás con menos oportunidades puedan crecer, superarse y luego ayudar, no es un tema de altruismo si no se convierte en uno de interés económico y necesario para que haya más mercado y con ello, más oportunidades para todos.

Debemos crecer, debemos tener inversión extranjera, utilizar nuestros recursos naturales, fomentar el crecimiento de nuestras empresas para que más gente pueda tener oportunidades, pero lo debemos hacer de forma sostenible y honrada, porque la única forma en que Guatemala podrá salir adelante es si privilegiamos la transparencia, fomentamos la honradez y planificamos el futuro enfrentando las cosas de raíz proponiendo soluciones integrales.

Pero una vez más, ya estamos avisados y cualquiera sea la razón que tengamos para no mostrar nuestro descontento o simplemente porque no deseamos que el país cambie por aquello de que nos toque la oportunidad de ser los “beneficiados”, la responsabilidad es nuestra por ser una sociedad de doble rasero y una sociedad miope que no puede planear un futuro sostenible, honrado y transparente para todos.