Continúan las investigaciones por enfrentamientos en Totonicapán; MP señala que podrían pedir orden de captura contra los manifestantes que agredieron los militares. Por aparte, la ONU insta al Gobierno a continuar con las investigaciones de la matanza.

Javier Monterroso, Secretario Privado del Ministerio Público, indicó que posiblemente se den órdenes de capturas en contra de los manifestantes que agredieron a los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y a los elementos del Ejército de Guatemala, durante los incidentes registrados el pasado 4 de octubre en la Cumbre de Alaska, kilómetro 169 de la Carretera Interamericana.
No obstante, dijo que estas personas aún no se han individualizado y que la investigación continúa. De ser encontrados los presuntos responsables, refirió que enfrentarían cargos por el delito de atentado, que tiene una pena máxima de tres años, y el delito de daños a bienes del Estado, por la quema de un camión del Ejército.
Por ultimo informó que la investigación se encuentra en una segunda fase, en las que se realizan las pesquisas para establecer la responsabilidad de quienes agredieron al Ejército. La primera fase fue individualizar a los quienes supuestamente dispararon contra los manifestantes, motivo por el cual ya fueron ligados a proceso nueve militares.
Arturo Aguilar, secretario de Asuntos Estratégicos del MP, confirmó que se investigan todos los hechos ocurridos y a todos los que participaron.
Juana del Carmen Tacan, presidenta de la Junta Directiva de los 48 cantones de Totonicapán, que figuran como querellante adhesivo en el caso, indicó que esperan que las diligencias que involucren a los manifestantes sean objetivas e imparciales. 

ONU INSTA A INVESTIGAR MATANZA
Por medio de un comunicado de prensa, un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), exhortó al Gobierno a esclarecer los actos de violencia acaecidos en la Cumbre de Alaska, en los que murieron 6 indígenas y resultaron heridos otros 33, además de 13 soldados.
 «Instamos al Gobierno de Guatemala a que siga investigando de manera imparcial los hechos ocurridos, con el fin de determinar no sólo la responsabilidad de quienes participaron en la comisión de los delitos, sino también la que se deriva de la cadena de mando», señalaron los expertos en un comunicado.
También urgieron a las autoridades guatemaltecas a garantizar el legítimo derecho de los pueblos indígenas a participar en protestas pacíficas, además de tomar las medidas necesarias para evitar que la actuación de la fuerza pública en el mantenimiento del orden resulte en violaciones del derecho a la vida e integridad física de los manifestantes.
En este sentido, los relatores expresaron su preocupación sobre el grave riesgo que conlleva la utilización del Ejército Nacional en funciones de seguridad pública, en particular en situaciones derivadas de la conflictividad social. También indicaron que para hacer cumplir la ley, deben utilizarse en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego.
Por último refirieron que la ONU continuará vigilando esta situación y las medidas adoptadas por el Gobierno para investigar estos hechos y prevenir la repetición de cualquier acto que atente contra los derechos de los integrantes de los pueblos indígenas a llevar a cabo actos legítimos de protesta social en reivindicación de sus derechos.