El papel selectivo que juegan los diputados al Congreso de la República es obvio, cínico y descarado. Durante meses han estado entreteniendo la nigua con la Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito y no hay modo de que puedan sesionar para continuar con su aprobación, pero bastó un breve cabildeo del Ejecutivo para que se decidieran, sin discusión ni trámite engorroso, a la aprobación de los préstamos que el gobierno necesita.

En otras palabras, el Congreso está para bailar el son que le tocan, pero no para representar dignamente, con propiedad y sentido de responsabilidad, al pueblo de Guatemala que necesita urgentemente leyes contra la corrupción y especialmente contra el tráfico de influencias.

La ridícula condena que se aplicó a Eduardo Meyer por el robo de los 82 millones de quetzales debiera ser motivo más que suficiente para que el Congreso acelere la aprobación de normas que castiguen severamente el alzamiento con los bienes públicos. Al menos así debiera ser en cualquiera país civilizado en el que se tiene elemental sentido del decoro y respeto a la dignidad de un pueblo que no puede quedar inerme ante la acción de los sinvergüenzas. En Guatemala, en cambio, no hay el menor interés por castigar la podredumbre que caracteriza a nuestra administración pública y, vistas las cosas, hay que decir que existe un contubernio entre el Congreso y el Ejecutivo para que nada cambie.

Porque si el oficialismo con su bancada y sus alianzas logró que se aprobaran los préstamos que incrementan la deuda externa de Guatemala y que complican nuestra situación hacia el futuro, es obvio que no se esfuerzan contra la corrupción simple y llanamente porque no les interesa, porque no les conviene. En  la reunión donde los empresarios lo pusieron a pedalear como muñeco de feria, el Presidente de la República dijo que su gobierno demanda al Congreso la aprobación de las leyes contra la corrupción, pero ese mismo día su bancada dijo que la Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito no está dentro de las prioridades fundamentales del Congreso.

Lo que pasa es que el tema de la corrupción, al final de cuentas, no forma parte de la agenda de nadie, ni siquiera del pueblo que se muestra indiferente ante la actitud del Congreso y no articula una presión efectiva para obligarlos a aprobar las leyes que hacen falta. No digamos los grupos de presión que se han esmerado en utilizar sus privilegios para llevar agua a su propio molino y que encuentran en la corrupción una veta para aumentar sus ganancias particulares. En consecuencia, los diputados no quieren ponerse la soga al cuello y no hay sector que le quiera poner el cascabel al gato.

Minutero
El tráfico de influencias 
es cantada lotería;
allí están las evidencias
con la Ley de Minería