“La propuesta no contribuye en nada”, dijo Yuri Melini, en desacuerdo a la propuesta de reformar 36 cambios a los 80 artículos de la Ley de Minería.
Oponiéndose a la iniciativa presentada por Erick Archila, ministro de Energía y Minas, sobre propuestas de reformar a la Ley de Minerías, Yuri Melini, director general del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (Calas), dijo que la misma no es una iniciativa de satisfacción para contribuir a disminuir la conflictividad del uso ambiental que la activad extractiva ha generado los últimos nueve años en el país.
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Esto porque dentro de la misma, se excluyen las consultas comunitarias y se crea un consejo minero que incluirá un representante de las industrias extractivas, para tomar las decisiones respecto a la entrega de licencias de extracción.
De acuerdo con la iniciativa, el consejo minero estaría presidido por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, la Gremial de Industrias Extractivas, la Asociación Nacional de Municipalidades y el Instituto Nacional de Fomento Municipal.
“La propuesta de crear un consejo minero en el cual se reserva una buena participación gubernamental, y otorga una representación al sector privado, pero excluye la participación de los sectores ciudadanos, deja en desbalance por completo los espacios, y de alguna manera creemos que sencillamente va a continuar en la línea que este Gobierno y los anteriores han tenido: seguir fomentando este tipo de actividades extractivas rechazadas por la población”.
CUATRO FALENCIAS
De acuerdo con Melini, la iniciativa de ley tiene cuatro grandes falencias que en su opinión la hacen inviable, “socialmente hablando”.
Primero, indicó que los niveles y los controles ambientales son escasos; segundo, que las regalías mineras propuestas y la tasa efectiva de impuestos es muy baja, “una regalía del 5% y una tasa efectiva de por abajo del 17% como está concebida, no contribuye nada al tema”.
En un tercer punto, dijo que el tema más delicado, es que la propuesta de la ley no contemple los espacios de participación ciudadana, las consultas a los ciudadanos, y los resultados de las mismas.
Por último Melini indicó que la ley no tiene niveles aptos para promover la transparencia e integridad del sector, “el sector minero ha sido uno de los más corruptos y más faltos de transparencia, y que más tráfico de influencias hacen”.
En términos generales expuso que la iniciativa presentada no contribuye en nada para garantizar la soberanía del Estado de Guatemala, ni la exposición de los recursos de interés público y sobre todo que la opinión de la población expresada en las consultas, es obviada en estas situaciones.
CABILDEO
El 29 de agosto, Diario La Hora informó sobre la visita de una comitiva canadiense de diputados y autoridades de la empresa Gold Corp, para reunirse con legisladores guatemaltecos. En esa visita, acudieron a las instalaciones de la Mina Marlin, en San Marcos, y tuvieron una reunión con los diputados de la Comisión Legislativa de Energía y Minas.
La visita al país trascendió luego de un comunicado emitido por Alerta Minera Canadá, en el cual se alerta que directivos de Gold Corp visitarán el país con la intención de lograr una modernización de la legislación guatemalteca en el tema minero.
SIN RESPETAR CONVENIO
Pese a que Guatemala ratificó el 5 de junio de 1996 el Convenio 169 de la OIT, éste no se respeta con la propuesta de la iniciativa de ley, puesto que desconoce la consulta popular como forma de participación. Según el Convenio, se exige que los pueblos indígenas sean consultados en relación con los temas que los afectan. También exige que estos pueblos puedan participar de manera informada, previa y libre en los procesos de desarrollo y de formulación de políticas que los afectan.
Los principios de consulta y participación en el Convenio No. 169 no se relacionan únicamente con proyectos de desarrollo específicos, sino con cuestiones más amplias de gobernanza, y la participación de los pueblos indígenas en la vida pública.
En su artículo 6, el Convenio establece un lineamiento sobre cómo se debe consultar a los pueblos indígenas: “La consulta a los pueblos indígenas debe realizarse a través de procedimientos apropiados, de buena fe, y a través de sus instituciones representativas; los pueblos involucrados deben tener la oportunidad de participar libremente en todos los niveles en la formulación, implementación y evaluación de medidas y programas que les conciernen directamente; otro componente importante del concepto de consulta es el de representatividad. Si no se desarrolla un proceso de consulta apropiado con las instituciones u organizaciones indígenas y tribales que son verdaderamente representativas de esos pueblos, entonces las consultas no cumplirían con los requisitos del Convenio.”
ACERCAMIENTO CON LOS DIPUTADOS
Mientas que la iniciativa va a un “fondo político”, el director de Calas dijo que no podrán accionar legalmente, pero que esperan que en el Congreso se evidencien las falencias que mencionó, a través de las comisiones legislativas que tengan competencia en el tema, como la Comisión de Energía y Minas, la de Ambiente, de Salud, de Pueblos Indígenas, de Transparencia, y de Finanzas.
Melini también manifestó que cuando ocurran las audiencias públicas, llegarán al Legislativo para fijar su postura ante los diputados.
“Vamos a hacer todo un proceso de indecencia política muy fuerte para insistir en este tema, y vamos a provocar espacios de diálogo a través de seminarios públicos para que la población sepa lo que el Gobierno está pretendiendo hacer y manifieste su opinión”, concluyó.
PROPUESTA
La iniciativa de ley presentada ayer, en su artículo 63, establece que las regalías a pagarse por concepto de explotación son las siguientes: Materiales de construcción (1 por ciento), rocas decorativas (2 por ciento), minerales no metálicos (3 por ciento), metales básicos ( 3 por ciento), metales preciosos (5 por ciento), piedras semipreciosas ( 3 por ciento), piedras preciosas (5 por ciento), tierras raras (10 por ciento), resto de minerales no contempladas en clasificación anterior (3 por ciento).
Las consultas populares quedaron fuera de las reformas. El ministro de Energía, Erick Archila, de forma sumamente escueta señaló que no le compete a su cartera abordar el tema. “Eso no está regulado en este momento, lo que consideramos que cuando llegue la regulación de las consultas habrá que buscar una modificación al respecto”, señaló. Aunque se intentó abordarlo cuando concluyó la presentación, varios trabajadores del Congreso hicieron una valla para evitar el acercamiento del funcionario con la prensa.
En su lugar, la propuesta detalla en su artículo 7 un mecanismo de información y comunicación con los Concejos Municipales de Desarrollo. “Previo al otorgamiento de las licencias de exploración y explotación el Ministerio de Energía y Minas en coordinación con el Ministerio de Ambiente, hará una presentación del proyecto a los miembros del Concejo Municipal de Desarrollo en cuya jurisdicción se encuentre. La presentación debe incluir una explicación con pertinencia cultural de los aspectos técnicos y ambientales, así como un estimado de los beneficios que percibirá el municipio”, reza la iniciativa de ley.