Después del saldo trágico de muerte y heridos que dejó la represión desatada por el Ejército Nacional y la Policía Nacional Civil PNC, el pasado 4 de octubre; los ministros de la Defensa, General Noé Ulises Anzuelo y de Gobernación, Teniente Coronel Mauricio López Bonilla, DEBEN RENUNCIAR DE SUS CARGOS, por la grave responsabilidad que tienen en los hechos.
DEBEN RENUNCIAR también el ministro de Relaciones Exteriores, pastor, Harold Caballeros y el Procurador de los Derechos Humanos PDH, Jorge de León Duque; todos por ser una amalgama de funcionarios públicos, mentirosos, irrespetuosos, indolentes y complacientes, que fue lo que mostraron ante los irrefutables e indignantes hechos, ocurridos en contra de los pueblos indígenas de Totonicapán.
La ejecución extrajudicial de los campesinos indígenas es una muestra clara y reiterada del abuso de autoridad, de fuerza e intolerancia de los actuales gobernantes. Es el resultado de la militarización de la seguridad pública; del patrullaje conjunto Ejército-Policía; de la criminalización de la protesta social; de los rasgos racistas y discriminatorios que exhibe este gobierno. Es la conducta abusiva, irrespetuosa y despreciable que hacia los derechos humanos, tiene como costumbre manifestar las fuerzas de seguridad. Es la aplicación del terrorismo fascista de Estado contra la población pacífica y desarmada.
Es una señal también muy clara; de que el proyecto oligárquico militar neoliberal que preside el General Pérez, apunta a defender los intereses capitalistas de empresas transnacionales, a imponer por la fuerza bruta decisiones impopulares, a continuar la creciente militarización de la seguridad pública y la represión permanente en contra de los pueblos indígenas. En otras palabras, son señales de regreso a las prácticas y abusos nefastos del pasado, son medidas dictatoriales que el pueblo no debe tolerar.
Los sucesos del 4 de octubre son una violación grave del derecho a la vida, un delito de derechos humanos donde el Gobierno, el Estado y sus agentes, son responsables, así que no hay de otra, los funcionarios deben responder por los delitos cometidos y los presuntos autores de la masacre tienen que ser castigados como corresponde.
El descontento social existente en el país y que va en aumento, no puede ser ignorado por los gobernantes, mucho menos reprimido. La pretensión del Gobierno de callar con la fuerza la protesta y el reclamo, sólo contribuye a aumentar la tensión, a extender la conflictividad, a polarizar las posiciones de las partes; pero lo más preocupante, es que la aplicación de la violencia de estilo contra insurgente (masacres, ejecuciones extrajudiciales, represión selectiva, atentados, amenazas, intimidaciones), que está ocurriendo; puede llevar a que la resistencia que por ahora, es pacífica, se endurezca y que entonces, empecemos a ver un escenario con respuestas también violentas; estoy advirtiendo un proceso de agudización de contradicciones, donde a corto plazo, podemos estar frente a un escenario violento de confrontación civil.
Cuando como resultado de la protesta social, se tocan intereses de la oligarquía; se ven “amenazados” los negocios de las transnacionales; en “peligro” la política agro exportadora o el monocultivo de los terratenientes; entonces el Estado y los gobernantes para defender al neoliberalismo y al capitalismo “salvaje e inhumano”, violan principios constitucionales, olvidan el BIEN COMÚN y masacran a su pueblo.
P.S. HUMBERTO GONZÁLEZ GAMARRA. Secretario General de la Unidad Revolucionaria Democrática URD. Se cumplen 22 años de su ejecución extrajudicial. Esbirros de la dictadura militar que siguen impunes, le arrebataron la vida el 15 octubre 1990.