En momentos de crisis es cuando más falta hacen las posturas sensatas y también cuando más daño hace el fanatismo irracional de quienes quieren aprovechar la crisis para llevar agua a su propio molino. Tan nefasto es en este momento querer voltear a la opinión pública contra el gobierno bajo la tesis de que se trata de una vuelta al autoritarismo militar del pasado, como querer criminalizar toda protesta social, posturas extremas que uno ve subyacentes en los planteamientos de la vieja izquierda radical y del empresariado tradicional organizado.
Los sucesos de hace una semana nos tienen que servir para aprender y no cometer los mismos errores. El gobierno ha dado un buen paso al anunciar que el Ejército no será utilizado para controlar manifestaciones populares porque es algo que se ha dicho muchas veces y lo repitió Leon Panetta esta semana a los jefes militares latinoamericanos. Su entrenamiento no es para actuar en esas circunstancias porque muy fácilmente ocurre lo que pasó en la Cumbre de Alaska el pasado jueves, es decir, bajo la amenaza se responde de acuerdo al entrenamiento recibido.
Guatemala es un país con muchos elementos de conflicto por una razón fundamental: no hemos tenido un auténtico estado de Derecho y la ley del más fuerte ha prevalecido históricamente en perjuicio de mucha gente. Conforme vayamos construyendo un nuevo régimen de legalidad, irán surgiendo reclamos que pretenden revertir injusticias ancestrales y hay que negociar para buscar las mejores soluciones, pero se tiene que entender que la protesta popular no es un crimen ni un acto terrorista, sino la expresión de fundadas frustraciones colectivas derivadas de la ausencia de respeto a la ley, a la justicia elemental y natural y a la dignidad del ser humano.
No hemos avanzado lo suficientemente rápido tras la firma de la Paz como para eliminar las causas de conflictividad en el país. Pero obviamente hay avances en términos de preparación de la gente, de comunicación social, de entendimiento de la raíz de los problemas y de la conciencia sobre los derechos, por lo que el rezago en la implementación del estado de Derecho pleno provoca esas tensiones. Aún tenemos tribunales que se venden al mejor postor y fallan contra la ley y la justicia y un tráfico de influencias tremendo que mantiene al Estado sumiso y de rodillas al servicio de quienes financian las campañas políticas.
El gobierno ha admitido el error de usar al Ejército para controlar la protesta y eso debiera bajar el tono de quienes hablan de la militarización del país. Pero también los empresarios que aplaudieron lo que hicieron los soldados deben reconocer humildemente que metieron la pata y cambiar el tono de su discurso. Posturas sensatas son las que nos hacen falta.
MINUTERO:
No es de hablar por hablar
sino de negociar las posturas:
si vamos a dialogar,
rompamos las ataduras